España lleva 15 años reformando sus pensiones para resistir el “shock” demográfico (más longevidad, más envejecimiento y jubilación del “baby boom”), desde la Ley 27/2011 hasta el Real Decreto ley 2/2023. Pero, si miramos al mapa europeo, vemos que Islandia no es el país con “las pensiones más generosas” del planeta, pero sí el que mejor ha sabido proteger el pago futuro de sus jubilaciones frente al doble golpe del “envejecimiento” y la “presión presupuestaria”. El análisis de 2025 Mercer CFA Institute Global Pension Index sitúa a Islandia como el segundo mejor sistema del mundo en nota global (84,0), y como el número uno en “sostenibilidad” (85,7). España, en cambio, aparece varios escalones por debajo (63,8) y con una brecha especialmente llamativa en el indicador que mide la capacidad del sistema para “aguantar” en el tiempo (34,2).
La comparación es incómoda por un motivo concreto, ya que el índice no “castiga” a España por pagar pensiones relativamente altas, de hecho su puntuación de “adecuación” es elevada (83,0). Lo que penaliza es la arquitectura de financiación y los incentivos reales para sostenerla cuando cambian la demografía, el mercado laboral o la economía.
Te puede interesar
Sumar pide al Congreso revisar la norma que regula los coeficientes reductores para trabajos peligrosos: cuestiona los plazos y el silencio administrativo en la jubilación anticipada
Pablo Ródenas, abogado experto en incapacidad permanente: “lo que marca la diferencia con la gran invalidez no es la enfermedad, es la dependencia. Cuando demuestras eso, la pensión pega un salto enorme”
Islandia obliga a ahorrar el 15,5% del salario
El principal cortafuegos islandés se resume en una cifra que en España resulta casi impensable como “mínimo estructural” para toda la población trabajadora. Por ley, la contribución obligatoria a fondos de pensiones alcanza el 15,5% del salario, repartida entre un 4% a cargo del trabajador y un 11,5% a cargo del empleador. La misma regla aparece explicada en el portal divulgativo de la asociación islandesa del sector, que subraya el carácter “obligatorio” y el reparto estándar entre empleado y empresa.
Esto quiere decir que una parte central de la jubilación no descansa solo en el “reparto” y la “capacidad recaudatoria” anual, sino en un volumen notable de ahorro capitalizado que se acumula durante décadas (recordemos que el sistema español es un sistema basado en el reparto). El propio informe internacional describe el esquema islandés como una combinación de pensión pública básica y “planes ocupacionales privados obligatorios” con aportaciones de empresas y trabajadores.
La sostenibilidad no es solo “cuánto se ahorra”, también es “cuánto tiempo se trabaja” y en qué condiciones se compatibilizan empleo e ingresos de jubilación. Aquí Islandia vuelve a destacar.
Un documento de análisis sobre modelos nórdicos, con datos atribuidos a Eurostat, sitúa a Islandia con un 84,8% de actividad laboral en el tramo de 55 a 64 años, frente al 46,9% de España. La distancia no es un matiz, es un cambio de régimen. Donde España concentra la conversación pública en la “edad legal” y en el “coste presupuestario”, Islandia incorpora un patrón social y normativo que empuja hacia una transición más gradual entre empleo y jubilación.
El razonamiento es el que suele quedar fuera del debate español. Si una economía logra que una parte mayor de su población siga cotizando entre los 55 y los 64, se reducen a la vez “los años medios de cobro” y “la presión sobre las generaciones activas”, y se eleva el ahorro acumulado antes del retiro. Esa es, en términos estrictos, una “reforma de ingresos” tanto como una reforma de gasto.
Por qué el índice “premia” a Islandia y “suspende” a España en sostenibilidad
Si miramos al ranking, Islandia obtiene 85,7 en sostenibilidad y España 34,2, mientras ambas se mueven en niveles similares de adecuación (83,0 Islandia y 83,0 España). Traducido a lenguaje llano, España puntúa bien en “cuánto protege” hoy al pensionista medio, pero flojea en “cómo lo financia” cuando la pirámide poblacional se estrecha.
El comunicado del CFA Institute que acompaña la publicación del índice también apunta a esa idea al definir los sistemas con nota “A” como aquellos que ofrecen “buenas prestaciones” y son “sostenibles” con “integridad” institucional, y confirma que Islandia lidera precisamente el subíndice de sostenibilidad.
Aquí aparece una lectura relevante para España. En los últimos años, la política de pensiones española ha priorizado la “protección del poder adquisitivo” y la estabilidad política del sistema a través de ajustes paramétricos, lo que suele traducirse en más cotizaciones, más gasto comprometido y un debate recurrente sobre “quién paga”. El espejo islandés no discute la protección, pero desplaza el eje hacia dos elementos más estructurales, “ahorro obligatorio” y “más empleo sénior”.
Europa avanza a los modelos “mixtos” que ganan peso
La comparación con Islandia llega además en un momento en el que el debate europeo se mueve, con ritmos distintos, hacia esquemas donde la capitalización y los “ajustes automáticos” adquieren más protagonismo. El índice de 2025 mantiene a Países Bajos en el primer puesto global (85,4) y a Suecia como una de las referencias en la liga inmediatamente inferior (78,2). La tendencia, subraya el autor principal del informe, es que los sistemas con menos “mandatos” y más foco en “transparencia” y “gobernanza” tienden a rendir mejor en el índice.
Islandia, en ese mapa, representa una vía especialmente nítida. No se limita a “retocar parámetros” cuando los números aprietan, sino que opera con un mecanismo permanente de financiación que obliga a ahorrar y reduce la dependencia exclusiva del presupuesto anual.
La lección para España es que necesitamos menos “parches” y más arquitectura
La enseñanza islandesa no es un eslogan sobre “privatizar” o “recortar”. Es una lección de ingeniería institucional. Contribución obligatoria elevada y estable, acumulación de ahorro a largo plazo, y un mercado laboral que mantiene a más personas trabajando en edades en las que España todavía registra una retirada temprana.
A partir de ahí, el debate cambia de pregunta, pues en lugar de “cuánto sube la pensión” o “cuánto se eleva la cotización” cada pocos años, la cuestión pasa a ser si el país quiere, y cómo, construir un segundo pilar de ahorro suficientemente masivo y universal, y qué incentivos laborales necesita para que la jubilación deje de ser una “meta inmediata” y se convierta en una “transición” real.
Esa es la clave que el índice internacional convierte en puntuación. Y esa es, también, la incomodidad. España no se sitúa mal por falta de “protección” al jubilado, sino por la fragilidad de su sostenibilidad cuando se proyecta el sistema a una sociedad más envejecida