España lleva más de 15 años reformando su sistema de pensiones frente al inexorable invierno demográfico (más longevidad, más envejecimiento y jubilación del “baby boom”). Desde la Ley 27/2011 que introdujo el método de cálculo y las dos edades de jubilación, hasta el Decreto ley 2/2023 con un sistema dual y el MEI el objetivo del Gobierno era y es, hacer sostenible y viable nuestro sistema. Pero, si miramos el mapa internacional, vemos como la clase magistral de supervivencia financiera no proviene de los ajustes paramétricos del sur de Europa, sino del Atlántico Norte. Islandia se ha posicionado como el sistema de pensiones más resistente del planeta frente a la presión presupuestaria y el envejecimiento poblacional.
Según el estudio del Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025, Islandia es el segundo mejor sistema del mundo con una nota global de 84,0 (Calificación A) y ostenta el número uno absoluto en el subíndice de “sostenibilidad” con una puntuación de 85,7. España, por su parte, se queda rezagada en la categoría C+ con 63,8 puntos globales, lastrada por una alarmante fragilidad en su capacidad para aguantar en el tiempo (34,2 en sostenibilidad).
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La comparación resulta incómoda para el modelo español porque el ranking internacional no penaliza la generosidad de los pagos. De hecho, ambos países empatan prácticamente en su capacidad actual para proteger económicamente a sus jubilados (con una puntuación de adecuación de 83,0). La abismal diferencia radica en cómo financian esa promesa a largo plazo.
A diferencia de España, Islandia tiene un mecanismo de capitalización para todos los ciudadanos. Por ley, todo trabajador islandés de entre 16 y 70 años cuenta con una contribución mínima obligatoria a fondos de pensiones que asciende al 15,5% de su salario. De esta cuota, el 4% es aportado directamente por el empleado y el 11,5% corre a cargo del empleador. Es decir, algo similar a nuestro “Mecanismo de Equidad Intergeneracional”, pero con la diferencia de que lo aportado va para el futuro jubilado y no a pagar las pensiones actuales.
Esta inyección constante de capital nutre un sistema mixto que no depende exclusivamente de la recaudación fiscal del año en curso. A través de estos planes ocupacionales de capitalización obligatoria, junto a una pensión estatal que garantiza una base de 365.592 coronas islandesas mensuales (unos 2.560 euros al cambio), el sistema queda inmunizado frente a los vaivenes demográficos.
En contraste, España fía su futuro a un sistema puro de reparto. Reformas recientes, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), buscan aliviar la tensión elevando la cotización un 0,90% en 2026 (0,75% a cargo de la empresa y 0,15% del trabajador), pero el dinero se destina a pagar las pensiones actuales y dotar un fondo de reserva de liquidez, sin generar un patrimonio real e individualizado a largo plazo.
Retrasar la edad de jubilación a los 67 años
La viabilidad del modelo islandés también se sustenta en una participación laboral excepcional en edades avanzadas. Mientras que la edad ordinaria de jubilación en España se sitúa en 2026 en los 66 años y 10 meses (con miras a los 67 años en 2027) , Islandia ya tiene establecida su barrera normal en los 67 años.
Más allá de la norma, Islandia destaca y mucho, por su cultura de retención del talento sénior, operando con una de las tasas de actividad y empleo más altas de Europa, lo que reduce los años medios de cobro de los pensionistas y alivia la presión sobre las generaciones más jóvenes.
En el análisis de los sistemas mejor valorados, los expertos recalcan que la clave de la sostenibilidad pasa precisamente por “incrementar la edad de jubilación estatal y promover una mayor participación en la fuerza laboral en edades más avanzadas”.
La advertencia para el futuro modelo español
¿Por qué Islandia se lleva los elogios y España las advertencias? El CFA Institute define los sistemas con nota “A” como aquellos que constituyen “un sistema de ingresos de jubilación robusto que ofrece buenos beneficios, es sostenible y tiene un alto nivel de integridad”. España puntúa bien en el factor de protección inmediata, pero suspende estrepitosamente en los cimientos que aseguran que las cuentas cuadren cuando la generación del baby boom termine de jubilarse.
Europa avanza inexorablemente hacia ecosistemas mixtos donde la responsabilidad se reparte. Las políticas que limitan todo el esfuerzo al incremento de la carga fiscal sobre las empresas y al endeudamiento público muestran síntomas de agotamiento. La lección de Islandia para España es que, proteger el poder adquisitivo es loable, pero sin una arquitectura institucional que impulse el ahorro privado obligatorio a gran escala y un mercado laboral diseñado para retener al talento sénior, la promesa de las pensiones se construye sobre un terreno demográfico insostenible.