“Estoy disponible y listo para trabajar mientras el cuerpo aguante”. La frase podría pertenecer a cualquier septuagenario que, tras jubilarse hace unos años, decide volver a trabajar a tiempo parcial. En Alemania ese perfil no es anecdótico, pues es una tendencia en crecimiento que el propio Ejecutivo quiere acelerar para sostener un sistema de pensiones tensionado por la demografía y por una economía que encadena debilidad.
Según la oficina estadística (Destatis), en 2024 Alemania batió récord de empleo con 46,1 millones de ocupados, a pesar de la desaceleración del mercado laboral desde mediados de 2022. La clave del aguante se debe a más inmigración y más participación de los mayores.
Los 67 y más será la nueva edad de jubilación
Esto es una tendencia que se ve cada vez más, ya que cada vez más alemanes prolongan su vida laboral más allá de la edad ordinaria. Entre 2020 y 2023, los ocupados de 63 a 67 años pasaron de 1,31 a 1,67 millones, un +26%. Y el 13% de quienes ya cobran una pensión entre 65 y 74 años sigue trabajando. No siempre es por necesidad económica, ya que una parte importante lo hace por “sentirse útil” o mantener rutina y relaciones, aunque cuatro de cada diez mayores ocupados dependen principalmente de su salario.
La edad legal de jubilación continúa su senda gradual al alza y llegará a 67 años en 2031 (en España se situará en 2027). Es la gran palanca silenciosa de sostenibilidad que se viene aplicando desde hace más de una década.
En paralelo, la gran reforma de esta legislatura (el llamado Rentenpaket II) protege por ley el nivel de la pensión en el 48% del salario medio al menos hasta 2039 y crea un fondo de capitalización (“capital generacional”) para suavizar el esfuerzo futuro vía rendimientos financieros. La medida aspira a dar certidumbre a los pensionistas, pero implica mayores costes a medio plazo.
Alemania pide trabajar más y por más tiempo
Con Friedrich Merz ya en la Cancillería desde mayo, el mensaje se ha endurecido, pues los incentivos fiscales y laborales para que quien “pueda y quiera” retrase la jubilación y permanezca activo. El Gobierno ha aprobado medidas para premiar el retraso voluntario de la pensión (algo similar a lo que ocurre en España con la jubilación demorada) y elevar el atractivo de continuar en plantilla, en un país con déficit de mano de obra y una fuerza laboral que se reducirá con la salida masiva del baby boom.
El Bundesbank y la OCDE piden ir más allá y buscan vincular la edad de retiro a la esperanza de vida y revisar incentivos de la jubilación anticipada. Alertan de que los parches para retener a los mayores no bastan si no se corrigen desincentivos o “penalizaciones” y no se amplía la base de cotizantes.
¿Dan de sí las pensiones en Alemania?
Alemania garantiza por ley ese 48% de “nivel” de la pensión pública (relación entre la pensión estándar y el salario medio). En comparativa internacional, los datos de la OCDE sitúan a Alemania en la parte media-baja de la tabla en tasa de reemplazo neta para un trabajador con carrera completa: la pensión pública sustituye en torno a la mitad del último salario neto, por debajo de países más generosos y por encima de los más austeros. De ahí que muchos jubilados busquen complementar con empleo o con planes ocupacionales/privados.
El envejecimiento empuja el gasto, ya que la aportación del Estado a la caja de las pensiones es el mayor capítulo del presupuesto federal (en el entorno de 121.000 millones en 2025), y aun así el Ejecutivo ha planificado ajustes del subsidio estatal en los próximos años para cuadrar cuentas, lo que previsiblemente acelerará futuras subidas de cotizaciones. El FMI estima que el gasto en pensiones y sanidad seguirá aumentando en los próximos cinco añosy exige márgenes fiscales o reformas.
“Queremos que quien pueda y quiera, trabaje más tiempo”. El eslogan es claro, pero no todos los sectores son iguales. Los economistas más especializados explican que llevar la edad efectiva a los 70 años (como plantean algunos) ayuda al presupuesto pero golpea a los oficios físicos y eleva el riesgo de paro de larga duración entre 60 y 70 años si no hay reciclaje y adaptaciones en puestos y jornadas. Así, la política pública tendrá que equilibrar incentivos con protecciones para trayectorias castigadas.