Jon Goitia, arquitecto e inversor, ha salido del alquiler residencial y ahora opera en temporal y turístico. Dice que lo hizo hace tres años porque vio venir un mercado cada vez más intervenido: “Yo hace 3 años no tenía bola de cristal. Pero sí tenía los suficientes conocimientos y la suficiente experiencia para decir que el alquiler residencial iba a ir a peor y a peor y a peor y lo quité todo”, afirmaba hace unos días en Espejo Público.
Su postura choca de frente con la de la activista Alejandra Jacinto, que ve la nueva prórroga como un alivio para los inquilinos. El choque llega en un momento delicado: desde marzo, los contratos que vencen hasta el 31 de diciembre de 2027 pueden pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años.
La medida que lo cambia todo
El Gobierno calcula que la norma puede proteger a más de un millón de contratos y a unos 2,6 millones de personas, en un país donde el alquiler ya es la vivienda de millones de hogares.
La prórroga no se aplica sola: el inquilino debe pedirla por escrito antes de que venza el contrato, y el propietario está obligado a aceptarla salvo necesidad familiar o si se firma un nuevo acuerdo.
Pero, ¿de dónde viene esta medida? La crisis energética internacional y el encarecimiento de la vida han llevado al Ejecutivo a intervenir en el mercado, mientras el sector inmobiliario avisa de que tanta inseguridad jurídica puede retirar cierta oferta del alquiler residencial.
“No hay derecho”
A todo ello se suma la automatización del mercado inmobiliario: la inmensa mayoría de las viviendas en alquiler están en manos de particulares, aunque los grandes tenedores pesan cada vez más en las zonas más tensionadas del país.
“Lo que no se puede es a mitad del partido cambiar las reglas del juego. No hay derecho”, insiste por su parte Jon. Para él, quien espera a que acabe un contrato de cinco años para actualizar la renta no especula; simplemente aplica un precio de mercado cuando la ley se lo permite. “Eso es lícito. A eso no se le puede llamar especulación”, defiende.
También cuestiona que el Estado impulse una prórroga mientras su convalidación parlamentaria sigue en el aire. “Se inventan lo que se quieran inventar y a sabiendas de que no se va a convalidar se agrupan en un mes los derechos de 2 años”, lamenta.
En su visión, la norma mete a todos en el mismo saco: grandes fondos, pequeños propietarios e inversores que se han ido del alquiler residencial por miedo a nuevas restricciones.
“Los profesionales ya salimos de lo residencial hace años”
Alejandra Jacinto lo ve justo al revés. Asegura que la medida da oxígeno a “más de un millón de inquilinos” y frena subidas “por las nubes”. En su argumento, lo que para Jon es un cambio de reglas, para las familias es estabilidad residencial y tiempo para no verse fuera de su casa de un mes para otro.
El punto de conflicto es claro: el Gobierno quiere evitar que un contrato acabe en una subida brusca del 15% o el 20%, mientras el sector teme que el efecto sea justo el contrario y muchos propietarios saquen sus pisos del mercado. Jon asegura que él ya se fue: “Los profesionales como yo ya salimos hace 3 años”.
“Esto pasa cuando cambian las reglas”
La norma distingue entre pequeños propietarios y grandes tenedores, pero ambos deben asumir la prórroga si el inquilino la solicita. El límite del 2% se mantiene durante ese periodo, aunque en los grandes tenedores es de aplicación obligatoria e infranqueable.
En Madrid, donde el mercado está especialmente tensionado, el catastro refleja ya más de 75.000 propietarios con al menos tres viviendas, unos 10.000 con diez o más, y un grupo reducido de 517 titulares con más de 50 inmuebles cada uno.
La gran pregunta ahora es si la medida calmará el mercado o empujará más oferta hacia el alquiler turístico y temporal. Jon lo tiene claro: “Esto es lo que pasa cuando cambian las reglas del juego”.