La Agencia Tributaria y la Seguridad Social cruzarán durante cuatro años información sobre los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, sus cuantías y nivel de ingresos, así como de otras prestaciones. Es decir, que el acuerdo se prorrogará hasta 2030, lo que permitirá al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) acceder a los datos fiscales y saber cuánto cobran los beneficiarios y saber si cumplen con el nivel de rentas exigidas para seguir cobrando la ayuda.
La medida no afecta solo al Ingreso Mínimo Vital. También afecta a las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente, pensiones en favor de familiares, pensiones mínimas y resto de ayudas gestionadas por la Seguridad Social. En la práctica, este intercambio de información busca que la administración pueda comprobar con más precisión la situación económica real de cada hogar.
Este acuerdo llega en un momento en el que, según las estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ingreso Mínimo Vital llegó a 2.441.675 personas repartidas en 798.312 hogares y donde la cuantía media mensual es de 546,8 euros por prestación. Además, 552.300 hogares cobraron el Complemento de Ayuda para la Infancia.
El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda complementaria a los ingresos y destinada a personas que viven solas o forman parte de una unidad de convivencia y no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Aunque es una ayuda de carácter indefinido, eso no quiere decir que esté libre de revisión. La Seguridad Social comprueba cada cierto tiempo (normalmente a final de año) que se siguen cumpliendo los requisitos de vulnerabilidad económica y el resto de condiciones previstas en la norma, algo que ya explicó Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social.
Por eso, Hacienda facilita los datos a la Seguridad Social, ya que esa información le sirve para saber si se sigue cumpliendo los requisitos, tanto para las nuevas solicitudes como para revisar las ayudas ya aprobadas. De esta forma, la Seguridad Social puede saber de una forma más rápida y fiable cambios en los ingresos, en el patrimonio o en la situación de la unidad familiar que puedan afectar al derecho a cobrar la ayuda.
Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, además, tienen una serie de obligaciones. Entre ellas figura comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación personal y familiar que afecte a la unidad de convivencia dentro del plazo establecido. También deben aportar la documentación que les sea requerida, informar de determinadas salidas al extranjero y presentar cada año la declaración del IRPF.
Cuando esa información no se comunica o la administración detecta que las condiciones han cambiado, el expediente puede revisarse. Esa revisión puede acabar en una modificación de la cuantía, en la suspensión temporal de la prestación o en la reclamación de cantidades cobradas de forma indebida.