El Gobierno de España da el primer paso para aprobar el impuesto a la banca y las energéticas

El impuesto a la banca y las enérgeticas es casi un hecho, y su oficialidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es inminente. Este martes, el Congreso de los Diputados aprobó la admisión a trámite de la proposición de ley que contempla ambos gravámenes, propuestos por PSOE de Pedro Sánchez y Unidas Podemos, y con el objetivo de hacer frente a  la crisis energética que sufre Europa y, consecuentemente, España. El Gobierno de España avanza así, en su camino hacia la aprobación total.

"Tiempos extraordinarios exigen esfuerzos extraordinarios", comenzó afirmando la diputada socialista, Patricia Blanquer. En la misma línea su homólogo de Unidas Podemos, el diputado Txema Guijarro, señaló como condición indispensable "un reparto justo y equilibrado en una situación sobrevenida".

El balance global de la votación ha contado con 187 votos a favor, 153 en contra y 8 abstenciones. Aunque la mayoría de los grupos parlamentarios han sacado a relucir propuestas de mejora del contenido de la proposición. Algunos como EH Bildu, ERC, BNG, la CUP o Más País, incluso, reclamaron que tenga carácter permanente y no temporal.

¿Qué es el impuesto a la banca?

La propuesta de estos impuestos temporales a las compañías eléctricas y a los bancos tiene como objetivo hacer frente a la crisis energética que vive el país y toda Europa principalmente por el impacto de la Guerra entre Rusia y Ucrania. Se trata de gravar en un 4,8% las comisiones e intereses de los bancos y con un 1,2% el total de los ingresos de las empresas de energía.

Estas últimas deberán tener unos ingresos superiores a 1.000 millones de euros anuales en el 2019 y su actividad principal debe estar vinculada a la energía. En el caso de los bancos, el impuesto se aplicará sobre el margen obtenido de comisiones e intereses durante los años 2022 y 2023. Será para bancos que hayan percibido más de 800 millones de euros brutos en el 2019 en conceptos de comisiones e intereses.

¿Impactará el impuesto a la banca en el bolsillo de los consumidores?

Esta proposición de ley deja claro que bajo ningún concepto estos impuestos temporales podrán recaer sobre los clientes o consumidores. Ese esfuerzo extraordinario y repartido al que alude el Ejecutvio de coalición se vertebrará en dos prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y carácter no tributario que estarán aisladas de recaer sobre los consumidores y que estarán en vigor, al menos, durante dos años, cuyos resultados del año previo se deberán pagar entre 2023 y 2024. No será posible, además, que se deduzcan en el impuesto de sociedades.

El principal objetivo es proteger a los hogares más vulnerables. Algo que controlará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y cuyo incumplimiento conllevará el cometer una falta "muy grave" sancionada con hasta el 150% del importe que sea trasladado. Se prevé que ambos impuestos acaben sumando unos 7.000 millones de euros anuales a las arcas del Estado. 

¿Quién votó en contra del impuesto a la banca y las energéticas?

PP, Vox y Ciudadanos reunieron el triplete de ‘noes’ a la proposición de ley, que acabó saliendo adelante a pesar de ello. El hecho de que el Gobierno de España lo tramitara como proposición de ley en lugar de proyecto de ley, para ahorrarse los trámites pertinentes previos a su presentación en la Cortes, ha levantado el recelo de la oposición principal.

Concretamente, Mario Garcés, diputado del PP ha focalizado la crítica a que se delegue en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMMC) la labor de vigilancia del correcto cumplimiento de la banca, "a la que ni siquiera se ha consultado" previamente y que se haya querido disfrazar un tributo de "prestación patrimonial". Algo a lo que el PSOE, por boca de Isabel Rodríguez, ministra portavoz, contraatacó acusando a Feijóo de situarse al lado de los intereses de la banca y no de los ciudadanos.
 
Aunque los dos bandos se han formado en torno a los que piensan que los grandes beneficiados por la crisis serán los que acaben finalmente asumiendo ese aporte extra a las cuentas estatales y, por otro lado, a los que, por el contrario, piensan que la medida no tendrá el efecto esperado y los ciudadanos acabarán pagándolo por las dudas jurídicas de los impuestos.
 
Precisamente, PNV, que ha votado sí, no tuvo inconveniente en señalar el riesgo de que "por cuestiones jurídicas o técnicas" queden anulados por los tribunales. O, asimismo, la problemática de la invasión de competencias. Algo que será subsanado en el trámite parlamentario, según Patxi López, portavoz socialista en el Congreso.