La Comunidad de Madrid rebajará de diez a cinco años el requisito de empadronamiento para poder solicitar el alquiler de una vivienda protegida. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea.
La medida, enmarcada en el nuevo Reglamento de Vivienda Pública previsto para aprobarse en julio, busca impulsar la construcción, facilitar la gestión y aumentar la oferta pública de vivienda disponible.
Más facilidades y reducción del plazo
Hasta ahora, Madrid exigía 10 años de empadronamiento para acceder a vivienda protegida, pero con el nuevo marco, bastará con 5 años en el caso del alquiler, mientras que para los modelos de residencia de estudiantes o viviendas compartidas no se requerirá ningún periodo mínimo, según ha detallado Rodrigo, tal y como recoge ‘Europa Press’. Además, será suficiente que tan solo uno de los miembros de la unidad de convivencia cumpla con la exigencia de empadronamiento.
También habrá excepciones para quienes ya hubieran adquirido compromisos previos con una vivienda antes de la entrada en vigor del reglamento, como contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o aportaciones económicas, y además, quedarán exentos los miembros de cooperativas que hayan desembolsado cantidades destinadas a la adquisición del suelo o del propio inmueble.
La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, había adelantado la aprobación del nuevo reglamento, que aún se encuentra en fase de enmiendas, además de subrayar que ya han cumplido en un 95% el primer plan de choque con medidas de impulso para la vivienda. Así, Rodrigo ha contrapuesto, durante su intervención, el modelo del Gobierno regional centrado en el “arraigo” de los madrileños, a las propuestas del PSOE, aludiendo a “regulaciones masivas de más de 500.000 inmigrantes”, en una referencia explícita al debate migratorio.
Cambios adaptados a la realidad actual
Entre las novedades del texto normativo, destaca la simplificación de trámites administrativos, incorporando la declaración responsable para la calificación definitiva de viviendas y el visado de contratos de títulos de acceso. La Consejería sostiene que estos cambios reforzarán la seguridad jurídica y adaptarán la normativa a las “distintas fórmulas residenciales actuales”, garantizando un acceso más ágil y realista a la vivienda protegida.
Así, con este nuevo marco, el Gobierno regional pretende “ajustar la normativa a la realidad actual”, aunque quedan por conocerse los detalles finales y la aplicación práctica de unas reformas que buscan dar respuesta a una de las principales demandas ciudadanas en la Comunidad de Madrid.