El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto de atribuciones planteado por el Senado frente al Gobierno por no haber presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes a los ejercicios de 2024, 2025 y 2026, a pesar de que el propio Pedro Sánchez aseguró que iban a presentar los PGE 2026. La decisión, comunicada este martes por la corte de garantías, abre un procedimiento inédito: es la primera vez que el órgano analiza un choque entre órganos constitucionales por la omisión del Ejecutivo en materia presupuestaria.
El recurso fue promovido por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, que defiende que el Gobierno ha incumplido el mandato constitucional de elaborar y presentar las cuentas públicas durante los últimos 3 años consecutivos. Según el Senado, el Ejecutivo no solo ha dejado de presentar el proyecto de ley, sino que además ha prorrogado de forma sucesiva los Presupuestos de 2023, lo que, a su juicio, desnaturaliza la función parlamentaria.
Para la mayoría del PP, la Cámara Alta "no debe admitir ni tolerar el incumplimiento" de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, "que tiene un deber constitucional de presupuestar".
El Constitucional estudiará tanto la supuesta omisión del deber de presupuestar como las prórrogas acordadas para 2024, 2025 y, en su caso, 2026. El Senado considera que este proceder podría vulnerar diversos preceptos de la Constitución al impedir que las Cortes Generales (y en particular la Cámara Alta) ejerzan su función en la aprobación y control de las cuentas públicas.
Incumplimiento del principio de legalidad presupuestaria
Desde el PP se ha calificado la práctica de modificación presupuestaria derivada de la ausencia de nuevos PGE como una “práctica fraudulenta” realizada “al margen del Parlamento” y contraria al principio de legalidad presupuestaria. En el escrito presentado ante el TC, los populares sostienen que “no existe justificación posible” para no presentar los Presupuestos, “salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos”. A su juicio, “los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales”.
El conflicto de atribuciones solicita que el TC declare que el Ejecutivo ha vulnerado la competencia constitucional del Senado para participar en la aprobación y modificación de los Presupuestos y para ejercer el control de la acción del Gobierno. Asimismo, pide que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que han surtido efecto desde el 1 de enero de 2024 y en los ejercicios posteriores.
La admisión a trámite no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pero sí abre un debate de alcance institucional sobre los límites de la prórroga presupuestaria. La Constitución establece la obligación del Gobierno de presentar anualmente el proyecto de ley de Presupuestos, aunque también contempla la prórroga automática de las cuentas en caso de no aprobación de las nuevas.
El precedente más cercano se remonta a 2020, cuando el Ejecutivo decidió no presentar nuevos Presupuestos en el contexto de la crisis provocada por la pandemia de la covid-19 y se mantuvieron prorrogadas las cuentas de 2018. Sin embargo, el caso actual introduce un elemento diferencial: la reiteración de la prórroga durante varios ejercicios consecutivos sin que medie una situación excepcional equiparable.
La resolución que finalmente adopte el Tribunal Constitucional podría delimitar con mayor precisión el alcance del deber de presupuestar y las consecuencias jurídicas de su eventual incumplimiento, con implicaciones directas en el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo.