El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la proposición de ley registrada por Sumar para prohibir los despidos colectivos en empresas que trasladen su actividad industrial o productiva a países fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. La iniciativa ha decaído con 178 votos en contra, los de PP, Vox y Junts, frente a 168 a favor y una abstención, la de Coalición Canaria.
La propuesta pretendía introducir un doble mecanismo de control sobre los procesos de deslocalización empresarial. Por un lado, vetar los expedientes de regulación de empleo en aquellas compañías que decidieran trasladar su actividad fuera del marco comunitario. Por otro, obligar a las empresas a devolver las ayudas públicas recibidas en los cuatro años anteriores al anuncio del traslado. El texto también abría la puerta a una mayor participación sindical en los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas.
La portavoz del grupo plurinacional Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha lamentado tras la votación el rechazo de lo que considera una medida en defensa del tejido industrial. Ha acusado a “las derechas” de votar en contra de “la industria y los empleos industriales” y ha defendido que el marco planteado por su grupo es uno en el que “nadie debería poder votar en contra”.
Críticas por “injerencia” y rigidez normativa
Durante el debate en el Pleno, el Partido Popular sostuvo que la iniciativa suponía una carga excesiva para el tejido empresarial. La diputada María Isabel Prieto calificó la propuesta de “desproporcionada” y denunció que implicaría una “injerencia” en la capacidad de organización de las compañías, además de generar “más obligaciones y cargas burocráticas”.
Prieto defendió que una reforma de este alcance debería surgir del diálogo social y no de una iniciativa parlamentaria unilateral. “Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a las empresas y crear las condiciones para mejorar los derechos de los trabajadores”, afirmó.
Desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbe cuestionó especialmente la obligación de devolver ayudas públicas, al considerarla una medida “muy amplia” que podría penalizar decisiones empresariales legítimas. También criticó que la proposición solo se centrara en deslocalizaciones fuera de la UE.
Por su parte, el diputado de Junts Josep Maria Cervera reprochó a Sumar una “mirada miope” en la defensa del trabajador y advirtió de que, bajo el argumento de la protección laboral, se corre el riesgo de hacer el marco normativo “más rígido”.
El bloque de investidura, a favor con matices
El resto de los grupos que apoyaron la investidura del actual Gobierno respaldaron la toma en consideración de la ley, aunque algunos introdujeron matices. La diputada del PSOE María Luisa Sanz Martínez aseguró que su grupo valoraba “favorablemente” la iniciativa, si bien recordó que la futura Ley de Industria que prepara el Ejecutivo “va mucho más allá” al abordar no solo los efectos de la deslocalización, sino también la protección de la actividad existente y la atracción de nuevos proyectos.
La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, justificó su apoyo en que países como Francia y Alemania cuentan con instrumentos similares y comparten la idea de que el Estado “no puede ser un espectador pasivo” cuando se destruyen puestos de trabajo.
EH Bildu, ERC, Podemos y BNG también respaldaron la propuesta, aunque algunos reclamaron mayor ambición. El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, defendió ampliar a una década el periodo de devolución de ayudas públicas. El diputado de ERC Jordi Salvador enmarcó su voto favorable en la necesidad de frenar lo que calificó de “abuso de poder” empresarial.
Un debate de fondo sobre la política industrial
El rechazo de la iniciativa vuelve a situar en el centro del debate parlamentario la respuesta institucional ante los procesos de deslocalización, especialmente en sectores industriales con fuerte implantación territorial. En los últimos años, varios cierres y traslados de plantas productivas han reavivado la discusión sobre el uso de ayudas públicas y la capacidad del Estado para condicionar decisiones empresariales cuando existe financiación pública de por medio.
La proposición de Sumar buscaba actuar en ese ámbito concreto, aunque dejaba fuera los traslados dentro de la UE, donde rige la libertad de establecimiento y circulación de capitales. Queda por ver si el Ejecutivo incorporará parte de estas medidas en la futura Ley de Industria o si optará por un enfoque distinto en el marco del diálogo social.
Con la votación de este martes, la iniciativa queda definitivamente archivada, pero el debate sobre cómo equilibrar competitividad empresarial y protección del empleo industrial seguirá previsiblemente marcando la agenda económica en los próximos meses.