El precio de la electricidad experimentará un considerable encarecimiento en el primer mes del próximo año si el Gobierno de España no prorroga las medidas fiscales. Están diseñadas para frenar el alza de la tarifa eléctrica, que ha batido récords históricos en los últimos meses, y que se encuentran en peligro debido a la incertidumbre política y económica, con un Gobierno en funciones y sin certezas sobre la formación de uno nuevo. Así se desprende de un informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo encargado de supervisar el funcionamiento de los mercados energéticos, entre otros.
El informe analiza el impacto de las medidas que ha tomado el Ejecutivo para reducir el coste de la factura de la luz, que afecta especialmente a los consumidores más vulnerables: la suspensión temporal del impuesto sobre la generación eléctrica, que grava con un 7% la producción de electricidad, y en la reducción del IVA del 21% al 10% para los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios (kW) y siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista supere los 45 euros por megavatio hora (MWh).
Estas medidas fiscales han supuesto una rebaja media del 15% en el recibo de la luz para los consumidores acogidos al mercado regulado o precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que son unos 11 millones de hogares en España. El PVPC, una tarifa que se calcula en función del precio del mercado mayorista o pool, donde se casan la oferta y la demanda de electricidad cada hora, ha visto una fuga de clientes al mercado libre, donde pactan los precios directamente entre la comercializadora y el cliente, de 1,5 millones de euros.
De los casi 27 millones de contratos de electricidad, 21,4 son del mercado libre. Número que podría haber sido mayor de no ser por el bono social eléctrico y su necesidad de estar adscrito al mercado regulado.
¿Por qué sigue sin bajar el precio de la factura de la luz?
El precio del pool depende de diversos factores, como la demanda, la oferta, el clima, el precio del gas o los derechos de emisión de CO₂. En los últimos meses, el precio del pool ha alcanzado niveles nunca vistos, superando los 170 euros por MWh en varias ocasiones. Según la CNMC, el precio medio del mercado mayorista en septiembre fue de 103,3 euros/MWh, un 76% más caro que en agosto, aunque un 57% por debajo del año anterior.
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La principal causa de este aumento ha sido el encarecimiento del gas natural, que se utiliza para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado, que son las que entran en funcionamiento cuando las fuentes renovables no son suficientes para cubrir la demanda. El gas natural ha multiplicado por cuatro su precio en el último año debido a la escasez de suministro a nivel mundial y a la mayor demanda por la recuperación económica tras la pandemia.
Aumentos de hasta el 26% si no se prorrogan las medidas anticrisis sobre la factura
El informe de la CNMC advierte de que si no se prorrogan o se adoptan otras medidas alternativas a las rebajas fiscales, el precio medio del mercado mayorista de la electricidad se dispararía hasta los 148 euros por MWh en enero de 2022, lo que supondría un incremento del 26,5% en la factura de la luz para los consumidores acogidos al PVPC. Esto significaría pagar unos 16 euros más al mes por un consumo medio de 250 kilovatios hora (kWh).
La CNMC recomienda al Gobierno que evalúe la conveniencia de mantener o modificar las medidas fiscales vigentes, teniendo en cuenta su efecto sobre los ingresos públicos, el déficit tarifario y la señal de precios que se envía a los consumidores. Asimismo, sugiere que se estudien otras medidas estructurales que permitan reducir los costes regulados del sistema eléctrico y fomentar la eficiencia energética y el autoconsumo.
Si no se forma un nuevo Gobierno antes de diciembre, los Presupuestos del Estado de este año se prorrogarán, junto con las medidas fiscales para la factura de la electricidad. Además, a partir de enero, entra en vigor una reforma del Precio de Venta del Pequeño Consumidor (PVPC) para estabilizar la tarifa regulada basada en una cesta de productos a plazo (el 25%, inicialmente) y del mercado diario (el 75%, inicialmente).
En cuanto al gas natural, a pesar de las noticias iniciales sobre la desaparición de la tarifa de último recurso para comunidades de propietarios, el derecho a este precio regulado está en duda para aquellas comunidades que no hayan instalado contadores individuales de calefacción o no hayan demostrado su inviabilidad técnica. En España, hay 1.7 millones de comunidades habitadas por alrededor de seis millones de usuarios.
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