El precio de los peajes de pago por uso seguirá teniendo un papel importante en la esfera político, social y económica española. No solo porque subirán en las autopistas españolas este 2023, según la revisión de tarifas que corresponde a esta época del año, si no por la propuesta que debaten el Gobierno de España y la DGT acerca de comenzar a cobrar a los conductores que usen las vías estatales, con excepciones los trabajadores o los estudiantes.
Es una medida que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado a la Unión Europea y que comenzaría a ejecutarse en el 2024 y que ha vuelto a poner en valor el presidente de la asociación de grandes constructoras Seopan, Julián Núñez, en rueda de prensa. “En esta legislatura está claro que no será, pero el próximo Gobierno estará obligado a instaurar el pago por uso. De otro modo, cómo se van a financiar los más de 10.600 millones que precisa la carretera”, se pregunta.
Hay que recordar que se trata de una iniciativa adquirida con la Comisión Europea sobre la batería de reformas a aplicar en un plazo de tiempo determinado para recibir, de esta manera, los fondos económicos europeos ‘Next Generation’ en el trasfondo del Plan de Transformación. Será, por tanto, uno de los primeros deberes que deberá afrontar la próxima legislatura que salga de las elecciones generales que, a falta de confirmación oficial, apuntan a ser el próximo 10 de diciembre.
España, única en la UE en financiar el mantenimiento de las vías con impuestos
“La reforma debe dejarse al margen del debate político y centrarse en resolver la incongruencia de España en la UE”, indican desde la patronal. España es el único país de la Unión en el que “el contribuyente financia con sus impuestos la conservación y uso de las vías de gran capacidad”. Y mediante esta vía, continúan explicando, es imposible llegar a los más de 10.000 millones de euros necesarios en concepto de déficit seguridad vial, sostenibilidad ambiental y digitalización y tecnología.
“Es la única alternativa, como ya han hecho Alemania, Francia, Italia, Portugal o Austria, lo hace toda Europa menos España”, indican sobre la medida de pago por uso que nació en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, pero sin concretar la tarificación, la implantación y las inversiones necesarias.
Los nuevos peajes, un bonus de más de 5.000 millones de euros
5.082 millones de euros extra inyectaría a las arcas estatales la instauración del mecanismo de pago por uso en las carreteras estatales, según calcula Seopan y expuso en la presentación que tuvo lugar este lunes. La cifra es resultado de la reducción del gasto público de conservación de carreteras (1.642 millones) y el aumento de los ingresos públicos asociados a esa tarificación para los usuarios (3.304 millones).
Asimismo, apuntan que solo por la recaudación del IVA ingresarían 2.007 millones de euros al año. Núñez se ha encargado de recalcar, por otro lado, la necesidad de confirmación acerca de si se acabará instaurando o no mecanismo excepcional de revisión de precios en los contratos de obra pública, que puede suponer una paralización en los concursos de obra pública.
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