El Gobierno sigue de cerca el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo ante el riesgo de que termine trasladándose al bolsillo de los consumidores. Por eso, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha advertido de que el Ejecutivo no descarta adoptar nuevas medidas si se produce un incremento “generalizado” de los precios que afecte a la cesta de la compra en España. Un anuncio que va en consonancia con lo que ha dicho Pedro Sánchez, que también aseguró que el Gobierno estaba ya estudiando “medidas para ayudar a hogares, trabajadores y empresas” ante el impacto económico de la guerra en Oriente.
El ministro reconoció que el subidón de los precios energéticos podría tener un efecto directo sobre otros productos también a través del aumento de los costes de transporte y logística. Un efecto en cadena se podría decir, que podría provocar que subiera prácticamente todo, como ya anticipó la economista Pilar García de la Granja. Este es uno de los escenarios que el Gobierno está analizando mientras controla la evolución de los mercados, según explicó Cuerpo en unas declaraciones para La Sexta y TVE.
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Cuerpo recordó que el Gobierno cuenta con la experiencia de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, cuando el encarecimiento del gas y la electricidad terminó afectando de forma directa al precio de los alimentos y a los gastos de los hogares. “Si es necesario, volveremos a hacerlo”, afirmó en referencia al paquete de medidas aprobado entonces para amortiguar el impacto económico.
Se podrían aplicar medidas de 2022
Entre esas iniciativas destacaron la reducción del IVA de alimentos básicos (con un tipo del 0% para productos de primera necesidad como pan, leche, huevos o frutas) y la rebaja al 5% para aceites y pastas. También se llevaron a cabo más acciones para ayudar a los consumidores, como la limitación del precio del gas, descuentos en el transporte público, ayudas al combustible para transportistas profesionales o la congelación del precio de la bombona de butano. Todas medidas de 2022, cuando hubo que actuar ante la crisis energética provocada por el conflicto entre Ucrania y Rusia.
El ministro subrayó que, por ahora, es prematuro decidir si será necesario activar nuevas medidas de apoyo. Según explicó, el alcance del impacto dependerá en gran medida de la duración del conflicto y de si las tensiones en los mercados energéticos se mantienen en el tiempo.
“Apenas han pasado dos días de reacción de los mercados”, señaló Cuerpo, que insistió en la necesidad de observar cómo se trasladan las subidas del petróleo y del gas a los precios finales que pagan empresas y consumidores. El Ejecutivo mantiene un seguimiento continuo de estos indicadores para anticipar posibles actuaciones.
En cualquier caso, el responsable de Economía quiso lanzar un mensaje de cautela y recordó que los niveles actuales de precios energéticos siguen por debajo de los registrados durante los peores momentos de la crisis energética de 2022. En aquel periodo, el gas llegó a superar los 340 euros por megavatio hora, mientras que en la actualidad se sitúa en torno a los 50 euros, aunque con fuertes repuntes recientes.
España, clave en el suministro energético europeo
Cuerpo también destacó el papel de España dentro del sistema energético europeo. El país cuenta con seis plantas de regasificación de gas natural licuado, lo que lo convierte en un punto de entrada “esencial” para el suministro de gas hacia otros Estados miembros de la Unión Europea.
En este contexto, el ministro defendió que la estrategia para reducir la vulnerabilidad ante crisis energéticas pasa por avanzar en la diversificación del mix energético y reforzar la apuesta por las energías renovables.
El Gobierno, concluyó, seguirá vigilando tanto la evolución del petróleo y el gas como su traslado a las gasolineras y a los precios finales. El objetivo es anticipar cualquier impacto relevante sobre los consumidores y actuar si la situación lo exige, como ya ocurrió durante la anterior crisis energética.