Las ayudas para acceder a una vivienda asequible no solo existen en España. En países como Suiza, también se conceden subsidios públicos destinados a facilitar el pago del alquiler a personas con bajos ingresos. Pero en ocasiones en estos sistemas de ayudas también puede haber abusos y es lo que ha pasado en un caso descubierto en Lausana (cantón de Vaud) en el que una operación de drogas ha destapado un fraude masivo que ha costado a las arcas públicas casi dos millones de euros.
El epicentro del caso es el número 85 de la Rue de Genève, un edificio que ya estaba siendo investigado por las autoridades suizas por delitos de tráfico de drogas y ocupación por inmigrantes sin documentación. Según un comunicado de prensa del Estado de Vaud, la operación ha destapado un elaborado sistema de fraude a las ayudas sociales, en el que al menos 41 personas fingían vivir en el edificio para cobrar prestaciones económicas destinadas a cubrir el alquiler.
Estas personas, hombres y mujeres de entre 29 y 56 años, de nacionalidad suiza, eritrea, afgana y somalí, no residían realmente en el inmueble, pero presentaban contratos de arrendamiento fraudulentos que les permitían acceder a las ayudas. En algunos casos, los implicados eran parejas casadas que fingían estar separadas para obtener prestaciones por separado.
Casi dos millones de euros en ayudas indebidamente cobradas
Según el Ministerio Público, entre 2018 y 2025, estas personas habrían cobrado 1,9 millones de francos suizos (unos 2 millones de euros) de forma indebida. El fraude fue posible gracias a la colaboración del conserje y el administrador del edificio, quienes presuntamente facilitaron los contratos falsos y gestionaron el reenvío de correspondencia para simular la residencia en el inmueble. A cambio, habrían cobrado cientos de miles de euros.
Ambos hombres fueron detenidos y pasaron un tiempo en prisión preventiva. Ahora están acusados de fraude, blanqueo de capitales y falsificación. El propietario del edificio no está implicado en la trama, según ha confirmado la fiscalía.
La Dirección General de Cohesión Social (DGCS) del Estado de Vaud, responsable de gestionar estas ayudas, ha presentado varias denuncias penales tras ser informada del caso. Las autoridades suizas subrayan la gravedad del fraude y continúan con la investigación abierta.