Las estafas están a la orden del día, y entre ellas la suplantación de identidad, incluso a través de la voz, y es que tanto víctimas como ladrones pueden ser cualquiera, incluso quien menos se espera. Y así es el caso de un jubilado de 82 años francés, del que en principio nadie hubiera sospechado, pero que finalmente ha sido ‘pillado’ tras hacerse pasar por arquitecto durante más de cuatro años para firmar permisos de obra a nombre de otro.
El hombre, residente en Sarthe, publicaba anuncios en internet y en periódicos locales ofreciendo servicios de arquitectura. Según informan desde el medio francés ‘Figaro Inmobilier’ el truco estaba en que en lugar de usar su propia firma, utilizaba el nombre y los datos de un ex empleado de su antiguo estudio en París.
De este modo suplantó su identidad, utilizando incluso sellos con el nombre de la víctima que usaba en los papeles que presentaba para solicitar licencias. Así, “participó” en proyectos como la construcción de una guardería y hasta un edificio agrícola.
Condenado a prisión y una multa de 3.000 euros
El verdadero arquitecto fue quien presentó una denuncia por robo de identidad después de ver su nombre en varias solicitudes que jamás había firmado. Tras un registro policial en casa del jubilado se encontraron los dos sellos falsos con su nombre, que el anciano usaba en las solicitudes, además de varios documentos falsificados.
Durante el juicio, la defensa del jubilado alegó que todos los contratos se habían firmado con conocimiento de la víctima, pero el abogado del denunciante desmontó la teoría en segundos: “La delegación de firma es imposible porque es personal y porque constituiría una infracción de la normativa”.
Durante el juicio, cuando se preguntó al anciano sobre los hechos, reconoció parte de la historia, “Sé que cometí un error”, admitió. Aunque más tarde intentó negar la falsificación.
La sentencia fue más suave de lo esperado, y el jubilado fue condenado a dos meses de prisión condicional y una multa de 3.000 euros, frente al año de cárcel y los 15.000 euros que pedía la acusación. El Colegio de Arquitectos, por su parte, le reclama 40.000 euros.
