La sanidad pública valenciana afronta un patrón de agresiones que ya no encaja en la idea de incidente aislado, según el informe presentado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV en marzo de 2026. El estudio, construido a partir de 3.112 cuestionarios anónimos realizados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, sostiene que la violencia contra el personal se ha cronificado y que su origen no puede explicarse solo por la conducta individual del agresor.
CCOO distingue su análisis de los registros oficiales porque incorpora la voz directa de quienes trabajan en centros hospitalarios, atención primaria, admisión, celaduría o trabajo social. En ese retrato, el 73,5% del personal no sanitario afirma haber sufrido algún tipo de agresión, mientras que entre el personal sanitario ese porcentaje asciende al 85,8%.
Por su parte, la Conselleria de Sanidad contabilizó 1.356 agresiones a profesionales sanitarios en 2024, el máximo de la serie reciente, con predominio claro de los episodios verbales. Sin embargo, el propio informe sindical insiste en que una parte sustancial nunca se comunica, por lo que el volumen real podría ser superior.
Un problema repetido y, a menudo, silenciado
Más de la mitad del personal encuestado sufre agresiones de forma reiterada, con porcentajes elevados de episodios que se repiten varias veces al año o incluso cada mes. En el colectivo sanitario, insultos, amenazas verbales y humillaciones aparecen entre las formas más habituales; en el no sanitario, el desprecio y los insultos dominan también el patrón.
El otro dato decisivo es la infradenuncia. Entre el personal administrativo y celador, el 53,8% no comunica ninguna agresión, y entre el personal sanitario solo un 21,9% afirma denunciarlas siempre. Los motivos son reveladores: el 87,6% considera que no sirve para nada, el 77% cree que no habrá consecuencias para el agresor y un 68,2% alude al miedo a represalias.
A esto hay que sumar la desprotección. El informe señala que más del 80% considera desproporcionadamente leves las consecuencias para el agresor, mientras que el apoyo institucional recibido tras comunicar los hechos se valora como insuficiente o inexistente en la mayoría de los casos. En paralelo, la Generalitat mantiene activas campañas específicas contra estas conductas y trabaja en una reforma legal para endurecer el régimen sancionador.
Las demoras como desencadenante de fondo
La conclusión de CCOO es que la agresión empieza mucho antes del mostrador o de la consulta. El sindicato vincula la escalada de tensión a listas de espera, demoras, saturación y falta de respuesta percibida por parte del sistema. Entre el personal no sanitario, el 75,6% cree que los tiempos de espera influyen de manera muy significativa en la predisposición a la agresión; entre el sanitario, más del 90% aprecia una influencia significativa o moderada.
Ese enfoque desplaza el foco desde el episodio final hacia el proceso previo. Reducir demoras y reforzar plantillas podría funcionar también como medida preventiva, además de asistencial.
