Se estima que en España hay más de medio millón de pozos ilegales, muchos de ellos en zonas agrícolas y rurales donde la vigilancia es escasa y el agua se convierte en un ‘oro transparente’ disputado entre empresas, vecinos y administraciones.
A esto se suma una red de 125.000 kilómetros de vías pecuarias y montes públicos que, en muchos casos, terminan ocupados o vallados por explotaciones privadas que aprovechan la impunidad y la lentitud de la justicia.
Multas que salen baratas
El resultado es un escenario en el que una multa de 6.000 euros por usar un pozo sin concesión puede parecer un impuesto ‘barato' frente a los beneficios de una cosecha de pistachos o frutos rojos, y donde los expedientes por usurpación de suelo público se arrastran durante años mientras la empresa sigue explotando la tierra.
Es justo en esta situación donde encaja el caso de Valdetorres de Jarama, un pueblo de la Comunidad de Madrid donde los vecinos se han visto obligados a pagar una sanción de 200.000 euros que, según ellos, debería asumir una empresa de pistachos que ha usado agua de un pozo público.
“Han privatizado un terreno que es público”
La denuncia de estos vecinos no viene sola. De acuerdo a sus testimonios, “privatizaron un terreno que es público” con la supuesta complicidad del Ayuntamiento. La compañía habría cercado cuatro hectáreas de terreno público donde se encuentra el pozo, impidiendo el acceso a un espacio que, por ley, pertenece a todos.
No es el único lugar que, según los residentes, han hecho suyo con el visto bueno del consistorio. La actividad de la pistachera provocó un desastre ecológico en la zona. Los vecinos aseguran que el bosque de fresnos centenarios que rodeaba el río Jarama ha sido esquilmado, y que el acceso al río ha quedado bloqueado para personas y animales.
“Los has visto morirse, morirse de sed. Yo he llorado. El río era una maravilla y ahora todo eso ha desaparecido”, confiesa Carmen, vecina de la zona, a La Sexta Noticas.
“Había ciertas irregularidades”
Manuel, otro residente, recuerda que el Ayuntamiento ya estaba advertido por ellos “de que entendíamos que había ciertas irregularidades”. A pesar de acumular varios expedientes ambientales de la Comunidad de Madrid, la empresa prentendía pasar de 50 a 500 hectáreas de pistacho, lo que encendió las alarmas de los grupos ecologistas. “Y si te enteras, bueno, lo retiro; pero si no, me he quedado con eso”, explica Simón Cortés, representante de los denunciantes.
El Ayuntamiento sostiene que no puede hacer más porque se trata de una propiedad privada, y la empresa no ha querido dar declaraciones. Sin embargo, los vecinos insisten en que el terreno y el pozo son públicos y que la sanción de 200.000 euros, que les ha llegado a ellos, debería recaer sobre la compañía que ha usado agua sin permiso.
Este caso, aunque ocurrió en 2024, no es un episodio aislado. En España, la combinación de vigilancia insuficente, la lentitud judicial y las sanciones que ‘salen a cuenta’ ha creado una ‘impunidad’ en el campo.
