Tras el anuncio del Gobierno por el que este martes 27 de enero se iniciará la tramitación de forma urgente de la regularización extraordinaria de miles de personas migrantes que ya se encuentran en España, mediante real decreto, que no se ejecutaba desde hace 20 años, surgen una serie de dudas sobre quiénes son las personas beneficiarias de esta medida y como funcionará el proceso.
Según la información trasladada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida se dirige, por un lado, a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y, por otro, a personas migrantes que acrediten haber permanecido en España durante al menos cinco meses antes de esa misma fecha.
En ambos casos, uno de los requisitos fundamentales es no contar con antecedentes penales, ni suponer una amenaza para el orden público, conforme a los principios del Estado de Derecho. Además, “las personas que participen en este proceso y acrediten los requisitos, podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año”, según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Requisitos y condiciones de la regularización
Cómo se acredita la permanencia en España
La estancia en el país podrá acreditarse mediante cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. Entre los documentos válidos se incluyen, por ejemplo, el empadronamiento, informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte, siempre que permitan demostrar la presencia efectiva en territorio español durante el periodo exigido.
Permiso de residencia y trabajo
La regularización dará lugar a una autorización de residencia con permiso de trabajo válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector de actividad. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá, una vez finalizado ese periodo, incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, favoreciendo una integración progresiva y estable.
Con la simple admisión a trámite de la solicitud, que deberá resolverse en un plazo máximo de 15 días, las personas podrán comenzar a trabajar de forma legal desde el primer día. El plazo máximo para resolver el procedimiento completo será de tres meses.
Protección de la unidad familiar
La medida contempla la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de edad que ya se encuentren en España, con el objetivo de preservar la unidad familiar. En estos casos, el permiso tendrá una vigencia de 5 años.
Plazos de solicitud
El Ministerio prevé que las solicitudes puedan comenzar a presentarse a principios de abril en las oficinas de Extranjería. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.
Una medida con impacto social y económico
Desde el Gobierno han subrayado que la regularización será beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Por un lado, estas personas, que ya se encuentran trabajando, accederán a derechos y protección laboral; y por otro, las empresas ganarán seguridad jurídica. De esta manera se contribuye a reducir la economía sumergida y la explotación laboral.
El Ejecutivo defiende que la iniciativa retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas, que se remonta al año 2021, impulsada por el movimiento Regularización Ya, cuando fue registrada formalmente en el Congreso de los Diputados. La ILP fue apoyada por una amplia mayoría parlamentaria en su toma en consideración en abril de 2024, con el único voto de Vox en contra.
Además, recuerdan que las regularizaciones extraordinarias forman parte de una práctica consolidada de gestión migratoria, tanto en España como en otros países de la Unión Europea, y que la evidencia empírica muestra efectos positivos en términos de integración laboral, recaudación fiscal y reducción de la informalidad.
