La decisión judicial de enviar a prisión preventiva a José Luis Ábalos ha provocado un escenario inédito en la democracia española reciente. Ahora el interrogante de la Mesa del Congreso se cierra sobre cómo gestionar la indemnización que el organismo contempla para los diputados cuando cesan su actividad, para que puedan incorporarse a la vida laboral de forma sencilla, para uno que pasa a estar privado de libertad. Tal y como detalla la información publicada por El País, en el caso de Ábalos esta cuantía asciende a más de 100.000 euros correspondientes a un máximo de 18 pagas por haber estado más de cuatro legislaturas en la Cámara baja (en su caso, siete).
El caso Ábalos cuestiona el artículo 21 del Reglamento del Congreso que manifiesta en su segundo punto que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, “concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta”. Según las fuentes parlamentarias consultadas por el medio citado, el exministro se arriesga a perder esta indemnización por cese, conocida como "cesantía".
Una ayuda para reintegrarse en la sociedad
La lógica que maneja la Mesa del Congreso es que esta herramienta es una ayuda diseñada para "facilitar el reingreso a la vida laboral", algo que el exministro no puede hacer al ser inminente su ingreso en la cárcel de Soto del Real. Desde este momento y siguiendo el artículo, Ábalos no gozaría ya de los derechos propios de la actividad parlamentaria. No podría votar, ni participar en ella; ni pertenecer a un grupo de la Cámara baja, ni percibir retribuciones económicas. Se le embarga el sueldo y el resto de complementos que el Supremo podría usar para resarcir posibles multas u otras partidas.
Se citan figuras como Santos Cerdán o Íñigo Errejón que pudieron acceder a estas ayudas (de 19.200 y 25.000 euros respectivamente) porque renunciaron a su acta antes de cualquier medida privativa de libertad efectiva o condena en el cargo, permitiendo a la Mesa tramitar sus expedientes como ceses ordinarios. Sin embargo, Ábalos, al continuar en su escaño hasta el último momento, ha disipado el control de los tiempos y las posibilidades de cobrar la indemnización, se han reducido.
Ahora, la Mesa del Congreso, con una mayoría progresista, tiene la última palabra, que no solo suspendería el sueldo y retiraría a la asistente, sino que tiene que interpretar si el sistema garantista debe cubrir económicamente a quien, por orden judicial, no puede reintegrarse en la sociedad, mientras de forma paralela los letrados estudian cómo esta ausencia afecta a la Cámara baja, ahora con 176 escaños de los 350 totales.
