La vuelta de Carles Puigdemont a España, en medio de su situación procesal pendiente y con una orden de detención en vigor, ha desencadenado una nueva controversia en el ámbito de la seguridad y la política catalana. El sindicato mayoritario en la Policía Nacional, JUPOL, ha alzado la voz para calificar de "escandalosa y vergonzosa" la actuación de los Mossos d'Esquadra al permitir que el ex presidente catalán accediera al territorio español sin ser detenido.
Según denuncian, los Mossos, repitiendo lo ocurrido en octubre de 2017, han incurrido en una "dejación de funciones inadmisible", al no solo permitir que Puigdemont ingresara al país sin ser arrestado, sino también al escoltarlo en un acto público en territorio nacional.
JUPOL acusa al Ministerio de Interior de ‘dejarlos de lado’
Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, ha expresado su indignación al señalar que "el Ministerio del Interior ha vuelto a dejar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil fuera del operativo", reproduciendo así una "situación vergonzosa" que, según él, pone de manifiesto una vez más la discriminación que sufren ambos cuerpos de seguridad frente a los Mossos d'Esquadra.
En nuestro Canal de TikTok hemos manifestado nuestra opinión sobre los lamentables hechos que ha protagonizado hoy Carles Puigdemont.
— JUPOL (@JupolNacional) August 8, 2024
Es una vergüenza y un escándalo nacional.
Para @interiorgob existe una Policía de primera, que nunca está cuando se le necesita, mientras hay… pic.twitter.com/Y2sXD3HauW
Domínguez subrayó que los agentes autonómicos catalanes disfrutan de derechos y reconocimientos laborales que les son negados a sus colegas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes siguen luchando por la equiparación salarial, una jubilación digna y el reconocimiento de su profesión como de riesgo.
En las últimas horas, Puigdemont ha vuelto a acaparar la atención mediática y política, no solo por su inesperado regreso, sino también por las tensiones que ha generado entre las diferentes fuerzas de seguridad y el gobierno central. La situación plantea interrogantes sobre la coordinación y la estrategia del Ministerio del Interior en la gestión de figuras políticas controvertidas y con pendientes judiciales.
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