Los jueces avisan: es el Gobierno quien tiene que obligar a Cataluña a cumplir la sentencia del 25% del castellano

Otro giro de guion en el que parece ser el epílogo del modelo de inmersión lingüística en Cataluña. Poco después de que el Tribunal Supremo (TS) rechazara el recurso de casación de la Generalitat ante la sentencia que obligaba a impartir, como mínimo, el 25% de castellano en las escuelas catalanas, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pese a ser firme la sentencia, insta al Gobierno central a ejecutarla.

Sin embargo, el Gobierno, en nombre del Ministerio de Educación, que presentó en 2015 un recurso ante el proceso de inmersión representado por la Abogacía del Estado iniciando todo el proceso, se ha lavado las manos y vuelve a pasar la pelota al tejado de los jueces. Estos han vuelto a ratificar que debe ser el Gobierno, el único personado, el que debe hacer cumplir la resolución final. Pero posicionarse, de una u otra manera, le expondría.

En caso de que el Ejecutivo decida proceder a ejecutar la sentencia del TS y obligar a la Generalitat de Cataluña a modificar íntegramente su modelo de educación, se vería por parte de la autonomía como una declaración de guerra. Por el contrario, no hacerlo constituiría una sensación de abandono de los ciudadanos residentes allí que desean clases en castellano, además de una concesión que sería mirada con recelo a nivel nacional.

La responsabilidad, en las familias 

"No corresponde al Ministerio hacer cumplir las sentencias, es el TSJC quien tiene que hacerlo", afirmaron desde el Ministerio de Educación, dirigido por Pilar Alegría, que apelaron al artículo 103.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Este afirma que "la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los juzgados".

El TSJC, por su parte, también regateó responsabilidades. Contestó a Educación afirmando que ellos no actúan de oficio. Esto es, que deben ser las partes personadas en el caso, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado en nombre del Ministerio de Educación, las que deben fiscalizar y evidenciar el incumplimiento de la sentencia por parte de la Generalitat.

Tras esa sucesiva cadena de elusión manifiesta de responsabilidades y consecuente inacción, deberán ser las familias las que tomen el bastón de mando si desean cambiar la realidad educativa catalana, que apuesta por no poner porcentajes fijos de clases en castellano, si no dejar total potestad de acción al respecto a cada colegio. Lo que les queda a las familias es elevar una petición argumentando y justificando vulneración de sus derechos al TSJC, que tendría que admitirlo.

Al menos, por el momento, dada la postura de neutralidad momentánea del Gobierno. La realidad actual es que el TS le comunicará al TSJC que su recurso ha sido rechazado, le devolverá el expediente del proceso y el TSJC comunicará la firmeza de su sentencia y su ejecutabilidad en un plazo de 10 días a la Generalitat, que podrá pedir explicaciones en un lapso de tiempo que, en el caso en el que TSJC considere que es excesivo, podrá instar al Govern a entrar en acción. Si dos meses después de la comunicación de la sentencia en firme no se ha hecho nada, las partes implicadas (Gobierno) pueden instar a su ejecución forzosa, como expone la ley.

El Ministerio: los jueces sí pueden entrar de oficio

Antes de que ocurra eso, que el Gobierno quede entre la espada y la pared, recalcó que los jueces sí pueden actuar de oficio e investigar penalmente un supuesto delito de desobediencia que personificaría Josep Cambray, ‘conseller’ de Educación. Además, subrayó que “no tiene duda de que las administraciones del Estado siempre cumplen con las sentencias judiciales".

Sin embargo, Cambray telefoneó a Pilar Alegría para conocer las intenciones del Gobierno central ante la preocupación de la educación y esfera política catalana. La ministra de Educación le transmitió que “no corresponde al Ministerio hacer cumplir las sentencias". Según Cambray, el Gobierno le transmitió que no interferirá en el proceso e "instará a cumplir la Lomloe, que no habla de porcentajes". Es decir, que elaborará una estrategia para que siga vigente la inmersión lingüística, de la que el presidente catalán, Pere Aragonés, exigió al Gobierno una “clara defensa”.