La Inspección de Trabajo estudia las denuncias relacionadas con la exposición a altas temperaturas

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha anunciado que el Buzón de la Inspección de Trabajo está gestionando preferentemente la gran cantidad de denuncias anónimas que está recibiendo de aquellos trabajadores que desarrollan su actividad laboral expuestos a altas temperaturas, justo al inicio de la ola de calor más abrasante que se recuerda: los servicios meteorológicos alertan de que los termómetros españoles pueden registrar las temperaturas más altas jamás vistas.

“Durante los próximos días de la ola de calor podríamos alcanzar los 44º C. La Inspección de Trabajo puso en marcha una campaña para combatir los riesgos de los golpes de calor en el puesto de trabajo. Garantizar condiciones laborales dignas es una tarea colectiva”, ha subrayado en su cuenta oficial de Twitter, avanzando lo expuesto anteriormente: “El Buzón de Inspección está atendiendo estos días con prioridad todas las denuncias relacionadas con la exposición a temperaturas extremas en el puesto de trabajo”. 

Entre este personal, que realizan su función laboral a la intemperie, se pueden encontrar trabajadores como los jardineros, agricultores, albañiles o empleados del sector de la limpieza externa, así como aquellos que desempeñan labores en interiores pero con instrumentos que desprenden altas temperaturas como cocineros, panaderos o el sector siderúrgico. Estas altas temperaturas conllevan un riesgo extremo para la salud. 

El Buzón de la Inspección de Trabajo, organismo que forma parte del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, tiene como principal finalidad atender, tramitar y solventar toda injusticia en el ámbito laboral, pudiéndo realizar denuncias personales o de terceras personas desde el anonimato.

Multas de más de 800.000 euros del Ministerio de Trabajo 

El incumplimiento por parte de las empresas en esta materia de la ley de prevención de riesgos laborales podría acarrear multas graves o muy graves, que oscilan desde los 2.046 euros hasta los 820.000. Para evitar esto, destaca el envío por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social de más de 137.503 cartas informativas a las distintas empresas, sobre todo construcción y agricultura, que pudieran incurrir en ello.