El Gobierno inicia este martes 27 de enero la tramitación urgente de la regularización extraordinaria de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular mediante real decreto, tras la celebración del Consejo de Ministros. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha asegurado que el objetivo de esta medida es “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”.
La regularización se aplicará a extranjeros que acrediten haber llegado al país antes del 31 de diciembre de 2025 y que demuestren haber residido al menos cinco meses de estancia, mediante documentos como el padrón, informes médicos y certificados de servicios sociales. La presentación de la solicitud suspenderá las órdenes de expulsión por motivos administrativos y permitirá conceder autorizaciones provisionales de residencia y trabajo, con acceso a derechos básicos como la asistencia sanitaria.
La advertencia policial ante una tramitación masiva
En este contexto, el sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha alertado del impacto que el proceso tendrá en las unidades de Extranjería y Fronteras. Según el sindicato, estas brigadas ya trabajan con plantillas ajustadas y una elevada carga administrativa, lo que dificulta asumir de forma simultánea cientos de miles de nuevos expedientes.
La tramitación implica tareas como la verificación de identidades, el análisis documental y el cruce de datos con bases policiales, actuaciones que requieren tiempo y personal especializado. JUPOL también subraya las dificultades derivadas del criterio de ausencia de antecedentes penales relevantes, ya que los plazos judiciales obligan a realizar comprobaciones adicionales para garantizar la correcta aplicación de la norma.
La medida se adopta por real decreto, sin pasar por la convalidación del Congreso, tras el bloqueo de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas. Todo ello coincide con un aumento significativo de la población migrante en situación irregular, que según una estimación de Funcas habría alcanzado las 840.000 personas en 2025.
Desde el sindicato policial se insiste en la necesidad de reforzar de forma previa los recursos humanos y técnicos de Extranjería para evitar retrasos y disfunciones en el servicio. La regularización, concluyen, plantea un desafío organizativo que exigirá planificación y medios suficientes para poder aplicarse con eficacia.
