¿Es legal la huelga general convocada por Vox? Los límites legales que debe superar

Solidaridad, el sindicato de Vox, ha convocado una huelga general para el próximo 24 de noviembre, en contra de la Ley de Amnistía (que afecta a los implicados en el procès) y los demás pactos alcanzados por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes de cara a su investidura. Para ello, el partido liderado por Santiago Abascal lleva una semana recolectado firmas, pero la pregunta que ha provocado en muchos españoles es, ¿legalmente pueden convocarla?

Comenzando por los requisitos formales, Vox cumpliría con el preaviso de al menos 10 días naturales, fijado para poder cubrir los servicios públicos o básicos, pero el cumplimiento del resto de condiciones es más dudoso. En primer lugar, el artículo 11 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, recoge que la huelga es ilegal “cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”.

Atendiendo a este punto, Abascal ha aclarado que se trata de una huelga general que tiene una motivación “política, pero también general”, ya que, en su opinión, si sale adelante la investidura de Sánchez, sería “un ataque brutal a los derechos de los trabajadores”, del mismo modo que se secundan en la “ruptura” de la caja única de la Seguridad Social por el acuerdo con el PNV. En la web del sindicato, por su parte, justifican la huelga “ante la nueva traición del Gobierno de España”, siendo necesaria para “expresar el contundente rechazo a las políticas de recortes sociales, supresión de derechos laborales, y la desigualdad de los trabajadores que se producirán al amparo de las cesiones al separatismo y a quienes quieren romper la unidad de España”.

Tal como explica el catedrático de derecho del trabajo de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz, a Newtral, es vital conocer los términos exactos de la convocatoria presentada al Ministerio de Trabajo: “El asunto más decisivo es saber cuál es el objeto de la huelga convocada por el Sindicato Solidaridad, ya que muy probablemente la convocatoria incurra en ilegalidad por tratarse de una huelga política, totalmente ajena a lo laboral”. 

Al respecto, añade que, aunque las huelgas políticas no están permitidas, “la prohibición solo alcanzaría a las huelgas con finalidad política que traten de alterar el orden constitucional”. En caso de que se presentase una demanda solicitando que la huelga de Vox es ilegal por este motivo, sería la audiencia Nacional la encargada de realizar posteriormente un control judicial.

Representatividad del sindicato Solidaridad

El Real Decreto-ley 17/1977 también establece que la declaración de huelga se realice por acuerdo de los representantes de los trabajadores: el sindicato convocante, en este caso Solidaridad, debe tener implantación en las empresas o sectores donde se realiza el paro. Este punto, aunque es el más difícil de determinar, ha sido de los más criticados. 

Primero, como apuntan desde UGT, al igual que otros sindicatos, se debe contar con al menos un 10% de los delegados sindicales, que Solidaridad no cumpliría. Según indican en su web, cuentan con alrededor de 250 delegados, por lo que no llegarían ni al 0,1% de los representantes de los trabajadores. En este sentido, solo Comisiones Obreras y UGT alcanzarían este requisito en España, aunque Jesús Cruz, de nuevo para ‘Newtral’, asegura que existen precedentes donde los sindicatos minoritarios han convocado huelgas que han sido avaladas por el Tribunal Supremo.

Sin embargo, Cruz también añade un factor más: Solidaridad no se ha presentado a las elecciones a comités de empresa y delegados de personal, al igual que tampoco ha negociado convenios colectivos. Es lo que utiliza el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, para cuestionar legitimidad del sindicato, alegando a su baja representatividad en el ámbito laboral.

“No lo encontramos en ningún sitio, no negocia ningún convenio en toda España, pero he entrado en su web para comprobar las razones de la huelga y creo que hablan de que tienen unos 150 delegados sobre un total de 250.000 electos en España y, por tanto, creo que con eso está respondida la pregunta”, declara Álvarez a EFE. Que no se conozca actividad alguna de Solidaridad en el sistema de relaciones laborales, es otro punto que cuestionaría su legitimidad sobre la huelga general convocada. 

Manifiesto de la huelga general convocada por Vox

El sindicato Solidaridad, en su página web, alega una serie de “efectos” que tendrán los pactos de investidura sobre los trabajadores, siendo los siguientes, enumerados textualmente de su manifiesto: 

• Expolio fiscal, mayor que el actual, con subidas de impuestos destinadas a pagar las traiciones de Pedro Sánchez y el PSOE.
• Subidas de cotizaciones sociales, congelación de salarios de trabajadores del sector público y congelación de pensiones.
• Desigualdad territorial ya que la cesión de impuestos dinamita la solidaridad entre regiones y supone el estallido del sistema fiscal.
• Incremento del paro por el cierre de empresas y fuga de inversión por la inseguridad jurídica.
• Ruptura del sistema único de Seguridad Social.
• Desaparición de la negociación colectiva a nivel nacional, permitiendo que los convenios colectivos autonómicos se superpongan a los nacionales en algunas comunidades autónomas.
• Desigualdad en las resoluciones judiciales de los conflictos laborales según sea la región de España en la que desarrolle su actividad laboral el trabajador.
• Aumento de la discriminación por razones lingüísticas para el acceso a un puesto de trabajo, principalmente en Cataluña y País Vasco.
• Conculcación del derecho a la libre circulación y movimiento por todo el territorio nacional en busca de un futuro profesional.
• En definitiva, una gravísima regresión en los derechos laborales de los trabajadores de España y su división en españoles de primera, segunda o tercera clase.

Estos “efectos” que se recogen en su manifiesto pueden ser importantes para determinar si la huelga cuenta con las suficientes reivindicaciones laborales o está motivada exclusivamente por motivos políticos. Aun así, habría que revisar el resto de requisitos desgranados, igualmente cuestionados.