El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes la toma en consideración de una proposición de ley registrada por Sumar que pretende prohibir los despidos colectivos a aquellas empresas que trasladen su actividad industrial o productiva fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. La Cámara decidirá únicamente si admite a trámite la iniciativa, lo que abriría un proceso parlamentario que podría prolongarse durante meses antes de su eventual aprobación definitiva.
La propuesta del grupo plurinacional persigue reforzar la protección de las plantillas en procesos de deslocalización empresarial. Según el texto, la finalidad es garantizar los derechos de las personas trabajadoras en supuestos de traslado de actividad y de transmisión de unidades productivas, en un contexto en el que determinadas multinacionales han desplazado parte de su producción a terceros países.
Sumar justifica la iniciativa con ejemplos como el de la planta de Sekurit, perteneciente a la multinacional francesa Saint Gobain en Avilés, inmersa en un despido colectivo que, según la formación, culmina un proceso en el que buena parte de la actividad productiva se ha trasladado a fábricas fuera de la Unión Europea. El grupo también menciona a empresas como “Zara o H&M” y al conjunto de la industria textil, que, a su juicio, ha afrontado sucesivas oleadas de deslocalizaciones que han llevado la producción a “países que no consiguen garantizar los derechos mínimos de las personas trabajadoras”.
“Las deslocalizaciones empresariales tienen como efectos directos en nuestro país la desinversión y el cierre de centros productivos, con la consiguiente reducción del tejido económico y destrucción de puestos de trabajo”, denuncia Sumar en la exposición de motivos de la proposición de ley.
Reforma del Estatuto de los Trabajadores
El núcleo de la iniciativa pasa por introducir una nueva disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores. Con ella, se impediría a las empresas que deslocalicen su actividad fuera de la UE recurrir a despidos colectivos, extinciones contractuales por causas objetivas, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o inaplicaciones de convenios colectivos vinculadas a esos traslados.
Además, el texto contempla que las compañías que hayan sido beneficiarias en los cuatro años previos de medidas asociadas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o al Mecanismo RED deban reembolsar las ayudas públicas recibidas si finalmente trasladan su actividad fuera del espacio comunitario.
La proposición incluye también una disposición orientada a “garantizar la transparencia” en los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas. En concreto, plantea que se proporcione información detallada a la plantilla y que se permita la participación de los sindicatos en las negociaciones y acuerdos entre la empresa compradora y la vendedora.
A juicio de Sumar, estas medidas reforzarían el principio constitucional de democracia en la empresa y contribuirían a salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas trabajadoras en situaciones de crisis empresarial.
La votación de este martes no supondrá, en todo caso, la entrada en vigor de la norma. De prosperar la toma en consideración, el texto iniciará su tramitación parlamentaria con la apertura del plazo de enmiendas por parte de los distintos grupos, en un debate en el que previsiblemente aflorarán discrepancias jurídicas y económicas sobre el alcance de la limitación propuesta y su encaje en el marco europeo de libertad de establecimiento.
