Uno de los temas que más preocupa a los empresarios, y que más denuncian desde las patronales, es el aumento del absentismo laboral. Este, según el informe ‘Regulación laboral y mercado de trabajo: el impacto del absentismo’ del Foro Regulación Inteligente (FRI), ha aumentado un 53% en España desde 2019 (en los últimos 6 años) con un coste total que asciende hasta casi los 129.000 millones de euros, lo que supone el 8,1% del Producto Interior Bruto (PIB).
De hecho, solo los costes directos (los que soportan empresas y Seguridad Social) representan el 1,82% del PIB, lo que ya sitúa a este fenómeno como una de las principales partidas implícitas del gasto nacional, equiparable al presupuesto de sanidad o a la inversión pública en educación.
El informe agrega que el coste total del absentismo en España equivale al 67,8% del gasto total en pensiones contributivas, destacando también la relación directa entre los trabajos con una alta demanda a nivel físico y el índice de absentismo. En este sentido, las actividades más afectadas son los servicios a edificios y el sector de la limpieza.
Cada día, un promedio de casi 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo. Según el análisis, pese a que el país alcanzó los 22,4 millones de ocupados en 2025, el número de horas realizadas crece de forma más moderada, generando un desacople “inédito” entre empleo y productividad.
El estudio también revela que, en el periodo 2019-2025, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 14%, mientras que las horas trabajadas solo lo hicieron en un 11%. Por su parte, las ausencias por enfermedad, accidente o incapacidad temporal se dispararon un 53%, “consolidando una tendencia de fondo que preocupa tanto por su dimensión económica como por su persistencia temporal”.
Aumento del gasto laboral y reducción de la competitividad
Desde el think tank también destacan el incremento de los contratos de sustitución, un 25% más que antes de la pandemia, que refleja cómo las empresas están absorbiendo este impacto mediante la duplicación temporal de costes laborales, al tener que pagar tanto las cotizaciones del trabajador ausente como el salario del sustituto.
En este sentido, el estudio avisa de que se genera un círculo económico vicioso: las bajas prolongadas obligan a recurrir a sustitutos, lo que incrementa el gasto laboral y reduce la competitividad, mientras que la presión organizativa que esto genera puede aumentar el estrés laboral y, en última instancia, fomentar nuevas bajas.
“Romper esta dinámica, señalan, requiere una gestión más eficiente de las contingencias comunes y una mayor coordinación entre empresas, mutuas y servicios públicos de salud”, aseguran en el estudio.
Un fenómeno estructural
Desde el Foro Regulación Inteligente advierten de que el absentismo laboral se ha convertido en un fenómeno estructural dentro del mercado de trabajo español, con un crecimiento sostenido durante los últimos años.
Aunque el número de ocupados ha alcanzado máximos históricos, el número de horas efectivamente trabajadas se ha desacoplado de la evolución del empleo, en buena medida por el incremento de las bajas médicas y de otros tipos de ausencias, como se veía anteriormente. Esta tendencia erosiona la productividad y genera un coste económico y social significativo que trasciende la esfera empresarial para afectar a las finanzas públicas y al conjunto de la economía.
En términos estructurales, para el think tank reducir el absentismo no es solo una cuestión de control, sino también de productividad. En sus conclusiones, señalan que invertir en salud laboral, ergonomía, digitalización y conciliación contribuye a reducir las bajas de larga duración y a mejorar la eficiencia del trabajo. “La evidencia comparada muestra que los países con menores tasas de absentismo combinan una buena gestión médica con políticas activas de reincorporación laboral y una mayor implicación de las empresas en la prevención de riesgos”, inciden.
Así, concluyen que “su reducción no pasa únicamente por medidas coercitivas, sino por un enfoque de largo plazo que integre la salud del trabajador, la competitividad de las empresas y la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
