La afiliación a la Seguridad Social y el mercado laboral español siguen batiendo récords, siendo gran parte de este logro a la mano de obra extranjera. En el último año, los trabajadores de origen foráneo han elevado sus cotizaciones en un 6,9%, hasta superar los 3,09 millones de afiliados, mientras que los españoles lo han hecho apenas un 1,5%, hasta los 18,77 millones. Esto hace que la inmigración sea el auténtico motor del empleo en España, donde cuatro de cada diez nuevos puestos han sido ocupados por trabajadores llegados de otros países, que representan ya el 14,2% del total de cotizantes.
“España es un país que acoge e integra, y la cifra de más de tres millones de trabajadores extranjeros demuestra que han elegido nuestro país para desarrollar su vida y su talento, contribuyendo a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro”, explica la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La ministra explicó que cada vez más inmigrantes se incorporan a sectores de alto valor añadido, donde su experiencia resulta clave.
Tal y como muestran las últimas estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la hostería, sigue siendo el sector con más ocupación extranjera con casi el 30% de los ocupados, seguidos de la agricultura con el 25% y la construcción con el 22%. Esto también se nota en otros sectores como el del transporte y almacenamiento, donde ha crecido un 30,2% en un año.
De forma paralela, también se empieza a observar una creciente subida en otros sectores de mayor cualificación como las financieras (+8,1%), las profesionales y científicas (+6,3%) o las de información y comunicaciones (+5,7%). La incorporación a estos sectores muestra un cambio de patrón, donde los empleos de baja remuneración y alta rotación hacia otros que demandan formación específica y ofrecen mayor estabilidad.
Un país que necesita de la inmigración
El empuje de la inmigración se produce en vísperas de la posible regularización de 900.000 personas sin papeles, uno de los compromisos del Gobierno en la reforma de la Ley de Extranjería, con la que se prevé alcanzar los 22 millones de afiliados en tres años. La medida busca reforzar así la base de cotizantes en un país donde la pirámide demográfica se estrecha por la cima y se vacía por la base. Cabe señalar que España cerró 2024 con 9,3 millones de pensionistas y que la tasa de natalidad de apenas alcanzó los 1,16 hijos por mujer, una de las más bajas de la Unión Europea.
En este sentido, la aportación que hace la mano de obra extranjera es esencial para poder sostener el sistema de pensiones (el cual ya está demasiado tensionado y más aún con la llegada de los baby boomer) y para evitar un deterioro mayor de la relación entre cotizantes y jubilados. “El equilibrio financiero del sistema se juega en gran medida en la capacidad de atraer y retener mano de obra inmigrante”, apunta un informe reciente de BBVA Research.
Estudios que desmontan mitos
El debate social sobre el impacto de la inmigración en el empleo reaparece con frecuencia, pero los datos disponibles tienden a contradecir los temores. Informes de Fedea y del propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) concluyen que la llegada de inmigrantes no desplaza a los trabajadores nacionales, sino que cubre puestos que estos rechazan, especialmente en sectores de menor cualificación. El organismo público insiste en que “la inmigración juega un papel fundamental” en actividades como la construcción o la hostelería y contribuye a mitigar los desajustes entre oferta y demanda.
La presencia de trabajadores extranjeros no es uniforme a lo largo y ancho del mapa nacional. Por ejemplo, Cataluña y la Comunidad de Madrid concentran cerca del 45% de los afiliados, debido tanto a su mayor tamaño económico como a la diversidad de su mercado laboral. En Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias el peso relativo es superior a la media nacional, impulsado por la agricultura intensiva, la hostelería y la construcción.
Estas diferencias explican que el debate migratorio tenga matices regionales, ya que mientras en zonas agrícolas la inmigración se percibe como imprescindible para mantener la producción, en las grandes ciudades se discute más su integración social y su acceso a la vivienda.
El mapa de las nacionalidades
En cuanto a la procedencia, el colectivo más numeroso es el de los marroquíes (357.492 afiliados), seguidos de los rumanos (342.603), los colombianos (250.885) y los italianos. La evolución más llamativa en la última década corresponde a los venezolanos, cuyo número se ha multiplicado por once hasta superar los 202.000, y a los colombianos, que han más que triplicado su presencia. También destacan los aumentos de peruanos, ucranianos y chinos, estos últimos con más de 126.000 cotizantes.
Este cambio muestra a Latinoamérica como motor migratorio hacia España, ya que lo favorece por los lazos culturales y lingüísticos. A diferencia de los flujos europeos o magrebíes, que se asentaron en oleadas anteriores, los procedentes de países como Venezuela y Colombia responden a crisis políticas y económicas en sus lugares de origen.
