El Gobierno anuncia que el Ingreso Mínimo Vital se empezará a cobrar en junio

El Gobierno de España ha marcado un hito en la historia social del país con la aprobación del ingreso mínimo vital, una medida sin precedentes que constituye la primera renta mínima de carácter estatal. Esta decisión se tomó en un Consejo de Ministros extraordinario, como parte de una serie de acciones para mitigar los impactos de la crisis de la COVID-19 y reforzar el “escudo social” del país.

El ingreso mínimo vital está diseñado para llegar a unas 850.000 familias que se encuentran en situación de pobreza extrema. La cuantía de la prestación varía entre 462 y 1.015 euros por hogar, dependiendo de diversas circunstancias como el tamaño de la familia y los ingresos existentes. Esta medida fue presentada por María Jesús Montero, ministra portavoz; Pablo Iglesias, vicepresidente segundo; y José Luís Escrivá, ministro de Inclusión, quienes han enfatizado su importancia como último elemento del mencionado “escudo social” frente a la emergencia sanitaria y económica provocada por la pandemia.

El ingreso mínimo vital llega tras dos meses de preparación y debate interno en el Gobierno de coalición, y se considera un paso fundamental en la ampliación de los derechos sociales en España, comparable a la aprobación de la ley de dependencia. Este nuevo derecho social, que puede solicitarse desde el 15 de junio y cuyo cobro es retroactivo a partir del 1 de junio, busca tener un “impacto extraordinario” en la reducción de la pobreza en el país.

Los beneficiarios del ingreso mínimo vital serán principalmente individuos entre 23 y 65 años, o menores de 18 años si tienen hijos a cargo. Para calificar, deben tener rentas anuales que no superen ciertos umbrales, establecidos entre 5.538 y 12.184 euros. Además, la Seguridad Social evaluará los ingresos y el patrimonio del solicitante (excluyendo la vivienda habitual y deduciendo las deudas pendientes) para determinar la elegibilidad.

¿Cuál es la cuantía?

La cuantía de la prestación varía según la situación familiar y los ingresos del solicitante. Por ejemplo, un individuo sin ingresos ni patrimonio y sin dependientes a cargo recibirá una base mínima de 462 euros mensuales, mientras que un hogar en la misma situación, pero con cinco o más miembros sin ingresos, recibiría hasta 1.015 euros mensuales. Además, el ingreso mínimo vital es compatible con ingresos laborales, fomentando la inclusión laboral y evitando desincentivar la búsqueda de empleo.

¿Cuáles son los requisitos para cobrarla?

Para acceder a esta prestación, los ciudadanos deben presentar una solicitud a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, aunque posteriormente se habilitarán canales presenciales. El proceso se ha diseñado para ser lo menos burocrático posible, facilitando el acceso a los más necesitados.

A nivel autonómico, el ingreso mínimo vital se complementará con otras prestaciones ya existentes. Este enfoque integrador permite que las comunidades autónomas, como el País Vasco, Navarra y Cataluña, puedan adaptar y complementar la nueva prestación con sus propios programas. En Cataluña, por ejemplo, se está estudiando cómo integrar la Renta Garantida de Ciutadania con el ingreso mínimo vital.

Esta medida, con un presupuesto anual de más de 3.000 millones de euros, es una respuesta directa a la crisis actual del coronavirus, pero también forma parte de un plan más amplio del Gobierno para abordar la pobreza y la exclusión social en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España, siendo la cuarta economía de la Unión Europea, registraba en 2018 la séptima tasa de pobreza más alta entre los estados miembros.

El ingreso mínimo vital no solo es una respuesta a la urgencia sanitaria y económica, sino que también representa un cambio significativo en el paradigma de protección social en España. Al apuntar a la erradicación de la pobreza extrema y al fomento de la inclusión laboral, esta medida es un paso crucial hacia un sistema de bienestar más inclusivo y resiliente. Con esta iniciativa, el Gobierno de Pedro Sánchez busca no solo mitigar los efectos inmediatos de la pandemia, sino también sentar las bases para una sociedad más justa y equitativa en el futuro.