La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue trabajando en la controvertida Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Una norma que, semanas atrás, el Gobierno de España aseguró que contenía “elementos preocupantes” que podrían invadir competencias del Estado. Y que, por tanto, iban a seguir de cerca.
Hace unos días, Ayuso aseguró que uno de los objetivos que quieren conseguir con la norma es que las universidades “se entiendan aún más entre ellas” y que los estudiantes de unas y otras se conozcan entre sí. “Que se colabore entre sí, que un estudiante de la Politécnica, ocasional o frecuentemente, venga a este campus a hacer algún curso o prácticas, o a estudiar un título conjunto entre dos o más universidades”, explicó durante la toma de posesión de la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea.
Así, la finalidad sería que las universidades “se conozcan trabajando juntas”, en declaraciones recogidas por Europa Press. En este mismo acto, la presidenta de la Comunidad de Madrid también anunció que van a reforzar la inversión en universidades públicas en los Presupuestos de 2026 con el foco puesto a seis años, en el marco también de la citada nueva ley regional de universidades. Sobre esta norma, también aprovechó para incidir en que, con ella, ninguna universidad “recibirá menos” sino que podrán adaptarse “a cada situación y a las condiciones de cada una de ellas”.
Un nuevo modelo de financiación
La Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia contempla un nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que según presentó hace unos meses la Comunidad de Madrid, será plurianual y revisable cada cinco años e incluirá tres niveles: “una financiación básica para el normal funcionamiento de los campus; otra para necesidades singulares que permitirá, por ejemplo, la rehabilitación de edificios; y una tercera adicional y opcional por la consecución de distintos objetivos, como potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o fomentar pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como Educación Infantil y Primaria, entre otros”.
Sobre este sistema, también se manifestó Isabel Díaz Ayuso esta semana: “uno de los elementos esenciales de esta ley es un nuevo modelo de financiación plurianual, revisable cada cinco años, que supera el sistema de financiación por subvención nominativa y que permita a las universidades planificar su actividad a medio plazo”, afirmó, señalando que todas podrán “crecer sin límites en base a sus méritos e incentivos”.
Tras estas declaraciones, el sindicato UGT lanzó un comunicado en el que tachaba de “imprescindible” que el Gobierno autonómico realizase “una aclaración sobre la cuantía que materializará este refuerzo financiero y si realmente responde a un compromiso político firme o simplemente al cumplimiento obligado de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece como objetivo alcanzar el 1 % del PIB en inversión universitaria”.
Preocupación por el sistema de sanciones
Asimismo, UGT ha querido destacar que, paralelamente, el Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte Muñoz, restase importancia al sistema de sanciones previsto en la LESUC, ya que esto, aseguran, “supone una vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española”.
“Expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que este anuncio pueda utilizarse como moneda de cambio para condicionar la posición de los equipos rectorales en relación con la futura ley universitaria regional, cuyo contenido ha generado una fuerte contestación entre la comunidad universitaria. Si se pretende vincular el acceso a recursos básicos al respaldo a una norma altamente cuestionada, estaríamos ante una forma inaceptable de presión institucional que vulnera la autonomía universitaria”, manifestó el sindicato.
En lo que respecta a este sistema de sanciones, ‘El País’ adelantó que el borrador de la norma recogía unas multas por “manifestaciones no autorizadas que impiden el libre y pacifico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus” o por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias”, que irían desde los 15.000 hasta los 100.000 euros.
