Lucas Wafflart, de 18 años, es un joven agricultor en formación que podrá continuar con el legado familiar gracias a la acción colectiva de los vecinos de su pueblo. En un principio, la finca, en concurso de acreedores, había sido valorada por el tribunal de Agen en 140.000 euros, un precio que la familia no podía pagar para recuperarla. Después de un proceso judicial y una subasta pública, Lucas consiguió comprarla por 115.000 euros.
Los vecinos y entidades del sector agrario han sido los responsables de que esta operación salga adelante. La comunidad rural se movilizó en redes sociales y medios locales del pueblo Mauvezin-sur-Gupie, de donde es oriundo Wafflart, para trasladar un mensaje claro: no superar la oferta familiar. “No debía haber otro comprador”, explicó Karine Duc, presidenta interina de la Cámara de Agricultura de Lot-et-Garonne, en declaraciones a Le Parisien.
La agricultura puesta en jaque
Pese al éxito de las protestas, la subasta pasó por un proceso de tensiones reseñables. En un principio, el precio inicial bajó hasta 10.045 euros, aunque un jubilado presentó en julio una sobrepuja del 10%, lo que obligó por ley a celebrar una segunda subasta con un precio de salida de 11.050 euros.
En esta nueva subasta, el representante de un particular, el señor Touge, trató de elevar la oferta sin éxito, porque finalmente el Tribunal de Comercio de Agen adjudicó la venta por 115.000 euros a la asociación Plan Rouge Agricole, una entidad creada por la Cámara de Agricultura en 2005.
“Nos indigna que la venta haya alcanzado este precio. La gente no tiene reparos en asesinar a los agricultores”, denunció José Pérez, presidente de la Coordinación Rural de Lot-et-Garonne, al diario Le Républicain.
Lucas recibirá la cesión de explotación por parte del Plan Rouge una vez que termine sus estudios, a pesar de los temores a perder la granja, garantizando así la continuidad del proyecto familiar. Según la Cámara de Agricultura, el caso refleja “la fragilidad del relevo generacional” en el campo francés y la necesidad de “mecanismos de protección ante la especulación” sobre tierras agrícolas.
