Cuando se compra una vivienda es muy habitual hacerlo a través de una agencia inmobiliaria, en la que dependiendo del caso, compradores y vendedores tienen que hacer frente al pago de los honorarios de la inmobiliaria. En este caso muchas personas piensan que pueden evitar hacer este desembolso ‘saltándose’ a la agencia y tramitando la operación evadiendo a estos profesionales, pero esta práctica puede salir cara. Y justo eso ha pasado a un comprador y un vendedor franceses a los que la justicia ha condenado a pagar 30.000 euros por tratar de evitar pagarle la comisión.
Según explican desde el medio francés Figaro Inmobilier, el ante inmobiliario había firmado un contrato de compraventa sin exclusividad con el propietario del restaurante, con una cláusula que indicaba que la comisión correría a cargo del comprador. El agente puso en contacto al comprador y al vendedor para cerrar la operación, pero juntos intentaron excluir del trato al intermediario para evitar pagarle la comisión.
Cerraron transacción a espaldas de la agencia, a pesar de que esta, no solo los había puesto en contacto, sino que había proporcionado información clave a ambas partes, incluyendo el contrato de arrendamiento del local y documentos financieros.
La justicia lo considera fraude y tendrán que indemnizar a la agencia inmobiliaria
El Tribunal de Apelación de Burdeos ha condenado tanto al comprador como al vendedor de un restaurante a indemnizar solidariamente con 30.000 euros al agente inmobiliario que los puso en contacto, por fraude.
Y es que la actuación fraudulenta quedó demostrada cuando el vendedor aseguró falsamente que había cerrado la operación a través de otra agencia, algo que no pudo probar. Tampoco el comprador pudo demostrar que conociera al vendedor previamente, lo que llevó al tribunal a considerar que ambas partes habían conspirado para evitar pagar la comisión.
Por este motivo, ambos deberán pagar al agente inmobiliario la cláusula penal establecida en el contrato, que ascendía al 10 % del valor de la operación, un total de 30.000 euros. Además, el tribunal les impuso el pago conjunto de 3.000 euros en costas judiciales.
Según explicó el abogado especialista Gabriel Neu-Janicki, en el medio “el vendedor está obligado por contrato y el comprador es responsable por su complicidad en el fraude que perjudicó a la agencia”.
