Sumar, el partido de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presentado una proposición de Ley en el Congreso de Diputados que se debatirá y votará en el pleno que se celebrará este martes 25 de noviembre. Con ella, pretende modificar la Ley de Vivienda de modo que se prohíba a empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión comprar casas en España.
La iniciativa está impulsada por el portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez y busca “poner freno a la especulación inmobiliaria”. Este tema preocupa a los diferentes grupos que componen la Cámara Baja y hace unas semanas, era el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien defendía el pago de un impuesto progresivo del 4% a partir de la tercera vivienda.
Ahora, el foco está centrado en los llamados ‘fondos buitre’ y en las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario). Ibáñez defiende, según recoge Europa Press, que todo el grupo plurinacional considera “urgente y prioritario” limitar la acumulación de viviendas “en unas pocas manos”.
Vivienda como derecho y no como activo financiero
La proposición de ley presentada por Sumar parte de una idea clara que es que el “derecho de uso y disfrute de la vivienda corresponde a personas físicas, no a entidades cuyo objetivo principal es obtener rendimiento económico mediante la compra masiva de inmuebles”.
Además, según el partido rosa, la presencia creciente de los grandes tenedores y las sociedades de inversión está distorsionando el mercado, restringiendo la oferta disponible para uso residencial real y alimentando la escalada de precios. Por eso, esta formación quiere restringir la formación de la propiedad de viviendas, tanto en compraventa como en donaciones, exclusivamente a las personas físicas.
Las personas jurídicas podrán adquirir inmuebles que no tengan carácter residencial, sino que estén vinculados con actividades económicas del sector primario, secundario o terciario.
Sumar defiende que la propuesta es constitucional
Ibáñez ha defendido que la medida tiene “encaje constitucional” y en el derecho europeo. Afirma que se trata de una propuesta “sencilla, conservadora y viable” y se muestra confiado en conseguir los apoyos suficientes para que sea admitida a trámite.
Aunque Sumar está dispuesto a que se abra el debate sobre el número máximo de viviendas que puede tener una persona física, sí ha reconocido que en este punto no existe consenso político. Sí lo hay en torno a la necesidad de frenar la especulación por parte de los fondos de inversión y las empresas.
Sobre los apoyos, el diputado de Compromís resalta que hay una mayoría potencial “desde la extrema derecha hasta la izquierda parlamentaria” que está dispuesta a respaldar la limitación del papel de los grandes inversores en el mercado inmobiliario.
“Estoy convencido de que PNV y Junts se sienten cómodos diciendo adiós a los fondos buitre”, ha asegurado.
