Como dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la economía española va “como un cohete”, superando a sus socios europeos, pero hay que tener cuidado, pues este avanza hacia un muro demográfico y fiscal que puede amenazar la estabilidad. Así lo explica el último informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) donde lanza un aviso a España y es, que reformas adoptadas hasta la fecha son insuficientes para contener el gasto en pensiones.
El organismo con sede en París visualiza un escenario con un futuro incierto para España si no se actúa ya. Tal y como apuntan, los trabajadores de ahora (los más jóvenes) tendrán que trabajar más años para jubilarse más tarde y pagar más impuestos para luego, terminar cobrando una pensión más baja.
Este estudio (que se puede descargar en este enlace) admite de la buena salud coyuntural de la economía, donde se espera que en 2025 el PIB termine sobre el 2,9%, impulsada en gran parte por el consumo privado y el turismo con los desequilibrios estructurales.
En este punto la OCDE es clara y dice que el envejecimiento de la población española, que será el segundo más acusado del mundo hasta mediados de siglo solo por detrás de Corea del Sur, lo que hará tensionar y mucho las cuentas públicas, poniéndolas hasta límites difíciles de gestionar si no se hace ahora nuevos ajustes.
La “hipoteca” de las pensiones
El punto más espinoso del informe se centra en la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. A pesar de las reformas llevadas a cabo aprobada en las pasadas legislaturas, que reintrodujo vincular el IPC y aumentó las cotizaciones a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la OCDE considera que “las cuentas no salen”. Según las proyecciones recogidas en el estudio, el gasto en pensiones aumentará en 3,2 puntos porcentuales del PIB entre 2023 y 2050.
Para reconducir este gasto, la organización propone recuperar recetas que son políticamente sensibles (es decir, que a no todo el mundo gusta). En concreto, propone ampliar el periodo de referencia para el cálculo de la pensión a los 35 años, frente al modelo actual que transita progresivamente hacia los 29 años (descartando los dos peores y que entra en vigor a partir de 2026).
Esta medida hace que la pensión media de las pensiones sin largas carreras de cotización baje, ya que aunque se incluya los periodos conocidos como “lagunas de cotización” también al incluir los cómputos de los primeros años, afectará, pues, en los salarios son más bajos. Para entenderlo, un trabajador en el mismo puesto no cobra lo mismo ahora que hace 30 años, de igual forma que 1.000 euros ahora no tiene el mismo valor que cuando entro la moneda en curso.
Asimismo, el informe insiste en la necesidad de vincular la edad legal de jubilación a la esperanza de vida, un mecanismo de ajuste automático que ya existía en la reforma de 2013 (el Factor de Sostenibilidad) y que fue derogado. Para la OCDE, alargar la vida laboral no es una opción, sino una necesidad imperiosa para evitar que la deuda pública, que actualmente ronda el 102% del PIB, vuelva a escalar en las décadas de 2030 y 2040.
Esto es así, ya que cada vez vivimos más y como vivimos más esos años donde se cobran las pensiones son más amplios lo que hace tensiones el gasto en pensiones.
Presión fiscal y productividad
El organismo internacional no solo pide recortar el gasto o endurecer el acceso a la jubilación; también pone el foco en los ingresos. La OCDE anticipa que España será uno de los países europeos donde más deberá crecer la presión fiscal para sostener el Estado del bienestar. Ahora bien, advierte contra la tentación de seguir elevando las cotizaciones sociales, ya que esto podría penalizar la creación de empleo.
En su lugar, los economistas de la OCDE sugieren una reforma fiscal integral que desplace la carga impositiva. Recomiendan eliminar gradualmente las exenciones del IVA, armonizando tipos, y aumentar la fiscalidad medioambiental (equiparando, por ejemplo, los impuestos del diésel y la gasolina). El objetivo es recaudar más para financiar el gasto social sin asfixiar al mercado laboral.
El informe también señala a la “sospechosa habitual” de la economía española, que es la baja productividad. El tejido empresarial, dominado por pymes de tamaño muy reducido, lastra la capacidad de crecimiento a largo plazo. La OCDE insta a eliminar las barreras regulatorias que impiden a las empresas ganar tamaño y a mejorar la formación de los trabajadores, especialmente de los mayores de 50 años, cuya expulsión prematura del mercado laboral supone un lujo que el sistema no se puede permitir.
Para resumirlo todo y con datos a tener en cuenta, el Estudio Económico 2025 funciona como un recordatorio de que la inercia actual no garantiza la sostenibilidad futura. Aunque España ha esquivado la recesión y crea empleo a buen ritmo, las “cartas del futuro”, como sugiere el análisis demográfico, ya están repartidas. El margen de maniobra se estrecha y las opciones planteadas por la OCDE (trabajar más, pagar más impuestos o cobrar pensiones ajustadas) configuran el difícil trilema al que se enfrentará la sociedad española en la próxima década.
