El Ministerio del Interior ha abierto finalmente la puerta administrativa para permitir que los agentes Policía Nacional y Guardia Civil puedan jubilarse de manera anticipada sin sufrir recortes en su pensión de jubilación. En este sentido, el ministro Fernando Grande-Marlaskaconfirmó este miércoles en el Congreso de los Diputados que su departamento ya trabaja en la aplicación de “factores de corrección” que permitan el retiro sin esa penalización económica, respondiendo así a una reivindicación histórica y también, necesario que busca la equiparación real con mossos d'esquadra, ertzainas y policías locales.
La estrategia del Gobierno pasa por una solución técnica que evite las implicaciones jurídicas del término “profesión de riesgo”. Aunque Marlaska insistió en que dicha categoría “no existe como tal” en el ordenamiento para estos cuerpos, Interior se acogerá a la figura de la “penosidad”, es decir, la misma que se usa como, por ejemplo, para los mineros. Para ello, se ha constituido un equipo de trabajo que utilizará el marco del reciente Real Decreto 402/2025, aprobado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (el que aprobó la ministra Elma Saiz con los agentes sociales y sindicatos), que regula los coeficientes reductores para colectivos sometidos a trabajos de especial peligrosidad o toxicidad.
La presión de los datos y la vía judicial
El movimiento del Ejecutivo responde a una doble presión, siendo estos la callejera y la judicial. Mientras los sindicatos Jupol y Jucil exigían la dimisión del ministro frente a la sede de Interior denunciando el “abandono institucional”, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha logrado un avance real en los tribunales. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una demanda contra el Gobierno que podría beneficiar a unos 120.000 funcionarios.
El nudo del conflicto, más allá de la semántica, es económico y administrativo. Una gran parte de la plantilla de las Fuerzas de Seguridad del Estado pertenece al régimen de clases pasivas, lo que hasta ahora impedía acceder a la jubilación a los 59 años en las mismas condiciones que sus homólogos autonómicos, que cotizan a la Seguridad Social y disfrutan de coeficientes reductores del 20%. La Unión Federal de Policía (UFP) ya ha solicitado formalmente activar el artículo 10.1.c del nuevo real decreto para corregir esta “discriminación injustificada”.
Acabar con la brecha salarial de policías y guardias civiles
De salir adelante, esta medida supondría acabar con la brecha laboral entre las fuerzas estatales y las autonómicas. Marlaska recordó que los agentes ya cuentan con una mejora retributiva del 40% desde 2018, pero los sindicatos advierten de que la equiparación no será completa hasta que se garantice una salida digna del servicio activo, rejuveneciendo unas plantillas sometidas a una creciente tensión operativa.
