El escenario para los pensionistas con rentas bajas en España es cada vez más hostil. Aunque para este 2026 se ha aprobado una subida de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del 11,4%, la realidad del mercado inmobiliario neutraliza cualquier avance.
Este es el caso de Mari Ángeles, una vecina de Los Barrios (Cádiz) que se enfrenta a una cuenta atrás desesperada. A pesar de haber cotizado y colaborado con su pueblo durante años, la insuficiencia de su prestación y la dureza del mercado la han colocado al borde del desahucio.
"A finales de esta semana me veo en la calle. Mi hija y mi nieto tienen vivienda, pero yo no", lamenta.
Un desamparo que llega desde el propio Ayuntamiento
Mari Ángeles relata con amargura cómo su situación es conocida por las autoridades locales, con quienes incluso mantiene vínculos de parentesco, sin que ello haya servido para encontrar una solución.
"Esto lo sabe la asistenta social; el jefe de asuntos sociales, que es familia mía; es el concejal del pueblo, que es familia mía; y el alcalde lo sabe. No han hecho nada y sigo sin respuesta de ellos ninguna", denuncia la afectada.
La falta de comunicación por parte de las instituciones ha acrecentado su sentimiento de abandono. "Me veo desamparada porque ninguno me ha llamado para nada", explica, mientras ve cómo se agota el plazo para abandonar su actual residencia: "El viernes me veo en la calle".
El estigma del IMV y el deterioro de la salud
El acceso a un nuevo alquiler es, hoy por hoy, una misión imposible para ella. Con una prestación que oscila entre los 400 y los 438 euros mensuales, Mari Ángeles se encuentra con el rechazo sistemático de los propietarios. "Llevo tres meses buscando y no encuentro nada. Estoy harta de buscar", afirma. Según explica, en ningún lugar consideran el Ingreso Mínimo Vital como una "paga fiable" para garantizar el pago de una renta.
A la precariedad económica se suma un delicado estado de salud que le impide reincorporarse al mundo laboral para mejorar sus ingresos:
Limitaciones físicas: "Tengo muchos problemas médicos que no me puedo permitir decir voy a cumplir con un puesto de trabajo de ocho horas, ni de seis, ni de cuatro, porque mi cuerpo no va".
Impacto psicológico: La situación le ha acarreado problemas psiquiátricos. "Este estado me está generando más ansiedad, más nerviosismo y hasta las ganas de comer", confiesa.
La indignación de Mari Ángeles crece al comparar su situación con la gestión de otras ayudas. "No veo justo que llegue gente de fuera y se le solucione la papeleta muy rápido, y una que es del pueblo, que ha cotizado y ha colaborado en muchas cosas, no le den solución", crítica.
