En España, uno de los mayores miedos de los propietarios es la okupación ilegal. Aunque el último barómetro del CIS (marzo de 2025) muestra que solo un 1,6% de los españoles siente esto como uno de los problemas principales del país, la realidad es que ese temor se nota en la sociedad, pues las denuncias ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han aumentado un 7,4%, alcanzando los 16.426 casos. Pero más allá de la estadística, la realidad esta ahí y tiene voz y rostro. Este es el caso de Manolo Millán en Fuerteventura, un ejemplo vivo de cómo la okupación y la inseguridad jurídica pueden arruinar una vida y una infraestructura millonaria.
En una entrevista con el abogado y comunicador Andrés Millán (conocido en redes como @lawtips), el administrador revela cómo una inversión de 35 millones de euros ha quedado reducida a la más absoluta ruina. Además, denuncia que para recuperar su propiedad, ocupada actualmente por 75 personas, tendría que pagar 320.000 euros a empresas privadas.
“Aquí lo que se ha juntado es una mezcla de delincuentes y políticos inútiles”, sentencia el entrevistador al conocer la magnitud de la tragedia financiera y social que está devorando una de las infraestructuras turísticas más importantes de la isla.
1,2 millones de euros quemados “en un minuto”
Lo que más desola a este hombre es la destrucción de su patrimonio. El empresario explica con impotencia cómo el Galeón Santana, una réplica histórica de un barco del siglo XI valorada en 1.200.000 euros, fue reducida a cenizas.
“Era un barco de madera y quemaron el colchón. Como era todo madera, empezó a arder aquello... el barco costó 1.200.000 euros, quemado en un minuto”, explica Millán. Los autores, una pandilla de menores, fueron identificados (una de ellas incluso regresó a la escena porque “se dejó el bolso dentro”), pero la respuesta judicial ha sido nula. “El juzgado lo tramitó y hasta hoy van 3 años ya y no ha pasado nada con ellos”, denuncia el afectado, poniendo el foco en la impunidad con la que se destruye la propiedad privada.
Ahora, su situación y la del recinto es insostenible. Lo que antes daba empleo a 200 personas y movía la economía local, hoy es un asentamiento ilegal donde se roba cobre, se destroza el mobiliario y se vive en condiciones de insalubridad. Ante la “inacción total” de la policía y los juzgados —que según Millán alegan que “si los sacamos de ahí se van para otro lado”—, el propietario se encuentra en un callejón sin salida.
La pesadilla no acaba aquí: las empresas de desokupación le han pasado un presupuesto que clama al cielo: 320.000 euros para desalojar a los 75 ocupantes. “¿Os parece normal que un ciudadano que haya invertido todo este dinero, que pague impuestos constantemente, tenga que pagar además esta cantidad para poder echar a la gente?”, se pregunta Andrés Millán en el vídeo, reflejando la indignación de muchos propietarios que ven cómo el Estado delega en ellos la responsabilidad de la seguridad y la vivienda.
Qué dice la ley y por qué es tan caro y lento recuperar la propiedad
El caso de Manolo Millán pone sobre la mesa la fragilidad del sistema legal en España frente a las ocupaciones masivas. Para entenderlo, hay que acudir al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por un lado, la responsabilidad civil (artículo 109 y siguientes del Código Penal) explica por qué, aunque los menores que quemaron el galeón estén identificados, el propietario no cobra. La ley establece que los autores de un delito de daños (art. 263 CP) deben reparar el perjuicio causado. Ahora bien, si los autores son insolventes y no hay un seguroque cubra actos de vandalismo extremo, la víctima se queda con la sentencia en la mano, pero sin ver un euro.
Por otro lado, la vía judicial es “gratuita” pero extremadamente lenta. Por eso muchos acuden a empresas de desokupación, aunque el coste sea prohibitivo. La Ley de Enjuiciamiento Civil permite el desalojo, pero al tratarse de 75 personas (muchas de las cuales pueden alegar vulnerabilidad o no estar identificadas individualmente al inicio de la demanda) el proceso se entierra en burocracia. Cada mes que pasa es dinero perdido en lucro cesante y destrozos.
Por último, está el problema de la usurpación (artículo 245.2 del Código Penal). La razón por la que la policía “no hace nada”, como denuncia Millán, suele radicar en que si no se pilla a los ocupantes en el momento de la entrada (flagrante delito), el hecho pasa a considerarse una usurpación pacífica de inmueble no habitado. Esto impide el desalojo inmediato sin orden judicial. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir medidas cautelares rápidas (desalojo en 48 horas) sigue siendo una de las grandes reclamaciones del sector para evitar que recintos de 35 millones de euros terminen convertidos en ruinas.
