Los científicos piden más a la Seguridad Social: sus propuestas para mejorar la recuperación de cotizaciones

La Confederación de Sociedades Científicas plantea una serie de mejoras a la Seguridad Social para recuperar las cotizaciones de sus antiguas prácticas.

Elma Saiz, ministra de la Seguridad Social
Los científicos ven margen de mejora en la rectificación de la Seguridad Social EFE
Esperanza Murcia

El Ministerio de la Seguridad Social presentó esta semana una rectificación para modificar la Orden Ministerial 386/2024 ante el descontento de las comunidades científicas. Esta orden, por un lado, otorgaba un derecho muy esperado por los becarios, que es la posibilidad de cotizar por sus antiguas prácticas. Pero, por otro, resultó muy controvertida por distintas cuestiones, como el precio a pagar para recuperar dichas cotizaciones.

En concreto, el importe era de 290 euros mensuales, por lo que, en caso de querer recuperar el periodo máximo de 5 años, el desembolso superaba los 17.000 euros. Este ha sido uno de los puntos modificados con la rectificación de la orden y se ha hecho mediante una adecuación de la base de cotización.

En la propuesta inicial, se tomaba siempre la base de cotización vigente en 2024, que daban esos 290 euros, mientras que en la nueva se toma la base de cotización vigente del periodo a rescatar. Así pues, por ejemplo, un becario que quiera recuperar unas prácticas de 1997, y cotizar por ellas, ahora tendrá que pagar una cuota de 101 euros, lo que supone un ahorro de casi 200 euros.

Sin embargo, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), que agrupa a 88 sociedades científicas y representa a más de 40.000 investigadores, ve margen de mejora para que esta medida sea “realmente efectiva”. 

Rectificaciones del Gobierno

La COSCE reconoce que es “muy positiva” la rectificación realizada sobre que la base de cotización de referencia para el pago, al igual que lo es “la posibilidad de que no se limite el tiempo máximo de cinco años a recuperar ahora a aquellos afectados que ya recuperaron dos años con el proceso que se abrió en 2011”. 

La Confederación se refiere a la ampliación del periodo de “rescate” que recoge la rectificación, por la que los becarios que ya hubieran suscrito el convenio especial previsto en el RD 1493/2011, podrán ahora recuperar también 5 años, ampliándose el periodo total hasta los 7 años. Del mismo modo, califican también de positiva la posibilidad, ahora incorporada, de “fraccionar el pago hasta en cinco años”, aunque añaden que este punto debe ser definido “con mayor precisión”. 

Con estas rectificaciones, prosiguen, “el Ministerio deshace los puntos más lesivos que había incorporado endureciendo las condiciones del convenio anterior”, pero “no atiende todas las peticiones que ha hecho la comunidad científica, y que hemos formulado reiteradamente, para mejorar la orden de forma que repare el sentimiento de agravio que tienen las personas que hicieron parte de su actividad profesional investigadora con becas”. 

Propuestas de mejora

Atendiendo a esto último, tal como han expresado en un comunicado, la Confederación de Sociedades Científicas de España solicitan que “no se haga pagar a las personas afectadas las cuotas que se ahorraron las entidades becantes, mayoritariamente administraciones públicas, como se ha hecho en otros procesos de reconocimiento de tiempo trabajado sin cotización; como se hizo, por ejemplo, en 2021 para el personal interino de la Administración de Justicia”. 

Es decir, que los becarios no tengan que asumir las cotizaciones que, en su día, hubieran correspondido a las administraciones o empresas. Asimismo, piden que “se busque una solución para las personas que tienen lagunas de cotización mayores de 5 años, frecuentemente 7-10 años, y hasta 16 años en casos extremos”. 

En último lugar, sobre la rectificación anunciada, la COSCE añade que “la mera vuelta a las condiciones del convenio de 2011 no es aceptable. Ya entonces, recién conseguida por ley la laboralización de la etapa predoctoral, se alertó de que no se aceptaba que se hiciera pagar al personal investigador afectado la parte de cotización que correspondía abonar a las entidades que remuneraban mediante becas”.

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