La Comisión Europea ha decidido llevar a España y Malta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado a su legislación nacional una directiva europea que actualiza los criterios para clasificar el tamaño de las empresas. Bruselas considera que ambos países han superado el plazo para aplicar esta norma, a pesar de los avisos formales enviados durante el último año.
La decisión fue anunciada el pasado 30 de enero dentro del paquete mensual de procedimientos de infracción que publica la Comisión Europea. Según explicó la institución en un comunicado, “la Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España y Malta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto la Directiva Delegada en lo que respecta al ajuste de los criterios de tamaño de las empresas o grupos de tamaño micro, pequeño, mediano y grande”.
La norma a la que se refiere Bruselas es la Directiva Delegada (UE) 2023/2775, cuyo objetivo es actualizar los límites que se utilizan para determinar el tamaño de las empresas dentro de la normativa contable europea. Estos límites, como la facturación o el volumen de activos, sirven para clasificar a las compañías en microempresas, pequeñas, medianas o grandes y se han revisado para reflejar el impacto de la inflación acumulada desde 2013.
La Comisión Europea señala que este cambio es importante para evitar que las pequeñas empresas y las pymes tengan que cumplir normas pensadas para compañías mucho más grandes, sobre todo en cuestiones de información financiera y sostenibilidad. Con esta actualización, Bruselas pretende reducir trámites innecesarios y adaptar las exigencias a la situación económica actual.
Bruselas inicia el procedimiento por incumplimiento tras varios avisos
El plazo para que los Estados miembros incorporaran esta directiva a su derecho nacional expiró el 24 de diciembre de 2024. De acuerdo con la Comisión, “la mayoría de los Estados miembros de la UE ha declarado la plena transposición de la Directiva. Sin embargo, ni España ni Malta han notificado aún sus medidas nacionales de transposicición”.
Antes de acudir al tribunal europeo, Bruselas inició el proceso formal contra ambos países hace más de un año. “La Comisión envió cartas de emplazamiento a estos Estados miembros el 31 de enero de 2025”. Ante la falta de avances, el Ejecutivo europeo emitió “dictámenes motivados el 17 de julio de 2025”, en los que instaba a los Estados afectados a cumplir con sus obligaciones.
La institución comunitaria considera que, pese a estos avisos, “los esfuerzos de las autoridades nacionales de estos Estados miembros han sido insuficientes, ya que aún no han notificado a la Comisión la plena transposición de la Directiva a su Derecho nacional. Por ello, la Comisión ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE”, concluye el comunicado.
La Comisión sostiene que la aplicación uniforme de esta directiva “es crucial para el funcionamiento del mercado único”. Unificar los criterios sobre el tamaño de las empresas permite que compañías similares tengan que cumplir las mismas normas en todos los Estados miembros, lo que garantiza una competencia justa dentro de la Unión Europea.
