El Gobierno presentó el pasado viernes una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que afecta a todas las comunidades de régimen común, pero su aprobación dependerá del respaldo del Congreso, donde no cuenta con mayoría suficiente. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó un nuevo modelo que incrementaría los recursos gestionados por las autonomías, sin embargo, su viabilidad legislativa queda en entredicho si no logra sumar el apoyo del Partido Popular o de Junts per Catalunya.
La propuesta del Ejecutivo busca modernizar un sistema cuya vigencia formal expiró hace más de una década. Esta normativa, de rango orgánico, regula la distribución de fondos para competencias esenciales como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia o la justicia gratuita. Para su modificación se requiere una mayoría absoluta en el Congreso, lo que en la práctica implica que su aprobación es inviable si tanto el PP como Junts la rechazan.
Tal y como recogen desde EFE, según fuentes del Ministerio de Hacienda, el planteamiento central consiste en incrementar la parte del IRPF y del IVA que se queda cada comunidad, con el fin de corregir los desequilibrios actuales y dotar de mayor capacidad financiera a las administraciones autonómicas.
A pesar de las críticas de los presidentes autonómicos del PP por los acuerdos bilaterales entre el Gobierno y formaciones independentistas, Montero ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo 14 de enero, donde espera compartir los detalles y recoger propuestas.
Este Consejo se presenta como el primer escenario clave para testar el grado de aceptación de la propuesta, en le que se reunirán consejeros autonómicos de Hacienda y donde el Gobierno intentará abrir una vía de diálogo con las comunidades del PP y, eventualmente, con otras formaciones necesarias para alcanzar la mayoría absoluta.
Un modelo desfasado y con recursos insuficientes
El actual sistema, vigente desde 2009, debía haberse revisado a los cinco años, pero sigue aplicándose sin cambios sustanciales. Durante este tiempo, el coste de las competencias autonómicas ha aumentado, pero los recursos asignados no se han ajustado al mismo ritmo. Los expertos coinciden en que el modelo resulta insuficiente para atender las necesidades actuales de los territorios.
El nuevo esquema persigue corregir estos desequilibrios ampliando la participación de las comunidades en los principales tributos estatales. Sin embargo, el rechazo explícito de Junts, que insiste en un modelo fiscal propio para Cataluña, y las reticencias del PP, dificultan seriamente su aprobación.
Cataluña en el centro del debate
Uno de los elementos que tensiona la negociación es la situación fiscal de Cataluña. En los pactos de investidura entre el PSOE y Junts se incluyó la aspiración de crear un sistema similar al concierto vasco, es decir, que la Generalitat recaude todos los impuestos y transfiera una cantidad pactada al Estado. No obstante, la propuesta de Hacienda mantiene a Cataluña dentro del régimen general, descartando cualquier avance hacia un sistema foral.
María Jesús Montero admitió que cualquier cesión del 100 % del IRPF a Cataluña implicaría un acuerdo complejo y difícil de alcanzar, aunque aseguró que sigue en estudio. Mientras tanto, Junts ya ha advertido que solo apoyará el nuevo modelo si incorpora un concierto catalán, algo que el Gobierno no contempla.
