El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense y arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, firmaron el lunes 16 de febrero en el Palau de la Generalitat un protocolo de colaboración para la cesión de inmuebles de la Iglesia destinados a vivienda social. El acuerdo establece un marco general para incrementar el parque público de vivienda en Cataluña mediante la puesta a disposición de patrimonio eclesiástico sin modificar la titularidad de los bienes.
Tras la firma, Illa afirmó que “esto forma parte de la voluntad del gobierno de ir a por todas en materia de vivienda; con los pies en la tierra, haciendo planteamientos ambiciosos, pero viables”.
La cesión no altera los títulos de propiedad, que seguirán en manos de la Iglesia, sino que será la Generalitat la que se encargue de la rehabilitación, gestión y adjudicación de las futuras viviendas sociales. Los inmuebles susceptibles de incorporarse incluyen seminarios, pisos, solares o rectorías en desuso, y la administración catalana decidirá los destinatarios y las condiciones de acceso.
El presidente catalán precisó que “ahora cada diócesis identificará los bienes patrimoniales que reúnen las condiciones idóneas para que se puedan poner a disposición del gobierno de Cataluña”, según recoge la información institucional difundida tras el acto. La duración de las cesiones variará en función del inmueble y podrá situarse entre 30 y 75 años, con un convenio marco de cuatro años prorrogables.
Mesa de trabajo y comisión de seguimiento
Según han detallado desde la Església Arxidiocesana de Barcelona y Cáritas Cataluña en sus respectivos comunicados, el protocolo prevé la creación de una mesa de trabajo integrada por diez miembros, cinco designados por la Iglesia y cinco por la Generalitat, de los cuales cuatro procederán del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y uno del Departamento de Justicia y Calidad Democrática.
Esta mesa se reunirá inicialmente una vez por semestre y tendrá como funciones estudiar la viabilidad de los proyectos, proponer cambios normativos que permitan su desarrollo y promover convenios específicos entre las diócesis y las administraciones públicas. Además, se constituirá una Comisión de Seguimiento, con tres representantes de cada parte, que se reunirá al menos una vez al año para evaluar los resultados de la colaboración.
Un “granito de arena” ante el déficit habitacional
Durante la firma, Joan Planellas destacó que "esto es un granito de arena más que podemos aportar para poder tirar hacia delante esta falta de viviendas que hay", según trasladó la Generalitat. El arzobispo subrayó que "casi el 25 % de la población tiene algún déficit o tiene problemas de vivienda" y alertó de que los alquileres están subiendo “de una manera desmesurada”, afectando especialmente a los jóvenes.
En la valoración difundida por la Conferencia Episcopal Tarraconense, Planellas calificó el acuerdo de “positiva” porque “la falta de vivienda es uno de los problemas de primer orden de nuestra sociedad catalana”. Asimismo, explicó que “se cede este uso a la Generalitat para que, a través de sus diversos departamentos, pueda establecer las condiciones idóneas para la construcción de viviendas sociales”, aunque cada inmueble requerirá un análisis específico para determinar sus posibilidades concretas.
