
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, salió en defensa esta semana de la prestación universal por crianza que el Ministerio de Derechos Sociales quiere aprobar lo antes posible, consistente en una ayuda de 200 euros mensuales por cada hijo a cargo hasta los 18 años. Al ser universal, se concedería a todos los padres sin importar el nivel de renta de los progenitores, lo que ha sido duramente criticado por el famoso economista Gonzalo Bernardos.
El profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, ha comenzado diciendo que le parece muy bien si lo que se quiere es aumentar la natalidad en España, pero cree que es un gran error no diferenciar entre las personas que tienen mucho dinero y los que van justos a finales de mes: “A mí que sea universal y se los den [en alusión a los 200 euros] a los nietos de Ana Patricia Botín [presidenta del Banco Santander], no estoy de acuerdo”, criticó durante el programa ‘Más Vale Tarde’ de La Sexta.
Tania Sánchez, exdiputada de Más Madrid, salió rápido a la réplica, representando ‘a la otra parte’: “igual que la sanidad y la educación pública son un derecho universal, que los niños y niñas de este país tengan un acceso garantizado a unos mínimos de bienestar, también se considera así un derecho universal”. En este sentido, alegaba al economista que “es una demanda de todas las organizaciones de defensa de la infancia que se establece que no es un derecho de los padres y de sus condiciones materiales, sino que es un derecho de los niños tener garantizado unos mínimos de calidad de vida”, defendiendo que “es una medida que existe en buena parte de los países europeos”.
A su juicio, se trata de “cambiar la lógica” y decir que “garantizamos derechos a todo el mundo [...], por ser ciudadano”. Bernardos, en cambio, no comparte esta visión, y sí ve “muchas diferencias”: “lo que yo creo es que hemos de ser muy cuidadosos con el dinero público. Y ese dinero público sirve para que los que más tienen ayuden a los que menos, no que volvamos a ayudar a los que más tienen. Y a mí darle 200 euros a una familia que tiene unos ingresos de 90.000, 120.000 o 150.000 euros me parece francamente mal”.
“Para los que menos tienen me parece fabuloso, y no les daría 200, les daría 400”
Gonzalo Bernardos, contestando a los argumentos de Tania Sánchez, reivindica que “la sanidad pública significa que todo el mundo tiene derecho a poder usarla porque la sanidad privada genera exclusiones” y que “la educación pública es un derecho que lo puedes utilizar o no. Hay gente que tiene mucho dinero y lo utiliza y hay otra que no, pero sirve, sobre todo, para dar igualdad de oportunidades”.
En cambio, a su juicio, dar 200 euros “a los que ganan 50.000, 60.000, 80.000 euros y que no sirve para nada para estimular la natalidad, que es lo que España necesita, me parece que ese dinero es mejor destinarlo para otras cosas”. Y recalca que no está totalmente en contra de la medida que defiende Yolanda Díaz, sino solo con el criterio de que sea universal: “para los que menos tienen me parece fabuloso, y no les daría 200, les daría 400 con lo que me ahorro no dándoles nada a los que más tienen”, remata.
La defensa del Ministerio de Derechos Sociales
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, que con el apoyo de Díaz es quien está trabajando en sacar adelante la medida, defendió recientemente que “no debería ser necesario demostrar que se es pobre”, sino que la clave está en generar “un derecho de ciudadanía”, en la línea de lo que defiende Tania Sánchez. Bustinduy pretende evitar toda la burocracia que supondría defender el nivel de renta basándose en esta premisa y en que, esto, ha impedido en muchas ocasiones que los colectivos vulnerables accedan a este tipo de ayudas.
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