Lituania ha vivido este pasado mes de octubre un episodio inédito en Europa, ya que la irrupción de decenas de globos procedentes de Bielorrusia cargados con cajetillas de cigarrillos obligó a suspender operaciones en el aeropuerto de Vilna, desviar, cancelar vuelos y hasta cerrar de forma temporal pasos fronterizos.
El Gobierno ha autorizado incluso el derribo de estos artefactos, a los que califica de “agresión híbrida”, además de barajar cierres más prolongados de la frontera oriental del país. Esta acción (que afectó a más de una treintena de vuelos y a miles de pasajeros) ha mostrado como es la rápida adaptación de las redes de contrabando aéreo de baja tecnología, capaz de desbordar protocolos civiles y policiales.
Hay que decir, que este fenómeno no es ni único ni aislado, pues los últimos informes muestran una subida del comercio ilícito de cigarrillos en la Unión Europea. Sin ir más lejos, en 2024 se consumieron en Europa cerca de 39.000 millones de unidades ilegales, con Francia a la cabeza (18.700 millones, de los que 7.800 millones fueron falsificaciones), y un fuerte tirón en Países Bajos, que se debe tras la subida de impuestos.
Este aumento se relaciona con las mayores diferenciales de precio y la profesionalización de las redes (que hoy usan desde paquetes pequeños y rutas ferroviarias a drones y ventas por redes sociales), según KPMG.
Cómo afecta esto a España
Afecta, porque España entra en 2025 con un anteproyecto de Ley Antitabaco que refuerza las restricciones, en el que se busca la prohibición de fumar en terrazas, piscinas, campus y marquesinas, equiparando los vapeadores y cigarrillos; fin de los desechables; sanciones a tutores por venta a menores; y reducción de puntos de venta.
Sanidad defiende el paquete por razones de salud pública y de protección de menores, mientras que el sector alza la voz ante un posible trasvase hacia canales ilegales de venta si no se acompaña de un refuerzo operativo.
En este punto, tampoco debe olvidarse que Bruselas ha puesto sobre la mesa la revisión de la Directiva de Impuestos al Tabaco para elevar los mínimos y extenderlos a nuevos productos (calentados, pouches y electrónicos).
En un documento interno se calcula que aproximadamente el mínimo específico por 1.000 cigarrillos podría subir del entorno de 90 a 215 euros (un alza del 139%), con incrementos aún mayores en tabaco de liar, lo que encarecería de forma sustancial el precio final en países con fiscalidad más baja.
A ello se suman las decisiones de COP11 (la conferencia de la OMS sobre control del tabaco), donde se debaten medidas como restricciones reforzadas para nicotina y filtros y la extensión de límites severos a productos alternativos como los vapers o los pouches.
Más impuestos y menos licencias es igual a más mercado negro
Y con todo esto, Lituania ofrece una lección a tener en cuenta y es, que cuando la política sanitaria (necesaria) se combina con precios muy altos y canales legales menguantes sin reforzar trazabilidad e inteligencia aduanera, el mercado negro florece.
Sin ir más lejos, en Países Bajos, tras la subida del 24% en cigarrillos y del 45% en tabaco de liar, una gran parte de los fumadores cruzó la frontera para comprar más barato, es decir, no se deja de fumar y se hace a un precio más bajo y sin garantías.
En España, el impacto económico es doble. Por un lado, Hacienda recauda en torno a 9.000 millones de euros al año en IVA e impuestos especiales vinculados al tabaco. Por otro, una reducción de licencias de estancos sin un plan de transición puede destruir empleo y desplazar parte de la recaudación hacia la economía sumergida. A esto se suma que las pérdidas asociadas al mercado ilícito se estiman en unos 879 millones de euros anuales.
