La Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo ha aprobado una batería de propuestas para hacer frente a la escasez de vivienda en la Unión Europea. El objetivo es aumentar la oferta, reducir los obstáculos administrativos y garantizar un acceso “digno, sostenible y asequible” a la vivienda en todos los Estados miembros.
El informe, según recogen desde Europa Press, ha sido aprobado con 23 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones y se someterá al pleno de la Eurocámara en marzo, con la intención de influir en el plan europeo presentado en diciembre por la Comisión.
El Parlamento parte del diagnóstico de que la crisis de vivienda es consecuencia de años de construcción insuficiente y de un desequilibrio persistente entre oferta y demanda. En este contexto, la Eurocámara recuerda que los alquileres han aumentado un 28,8 % desde 2010, mientras que los precios de compraventa se han encarecido un 60,5 %. “La falta de vivienda es la forma más grave de pobreza y exclusión social”, subrayan los eurodiputados en el texto aprobado.
Ante esta situación, la prioridad es ampliar el parque residencial y acelerar la construcción y la rehabilitación, apostando por reducir cargas administrativas. Entre las medidas destacadas figura la propuesta de fijar un plazo máximo de 60 días para conceder permisos vinculados a proyectos de vivienda sostenible y asequible.
Construcción, inversión y respeto a los modelos nacionales
El ponente del informe, el eurodiputado del Partido Popular Europeo Borja Giménez Larraz, señala que el documento “sitúa la oferta de vivienda en el centro de la respuesta” y reconoce la necesidad de facilitar la construcción de unos 10 millones de viviendas adicionales en toda Europa. A su juicio, el texto adopta “un enfoque equilibrado” que “refuerza la protección de la propiedad privada, aporta seguridad jurídica y crea el marco adecuado para la inversión”, al tiempo que “respeta la diversidad de los sistemas nacionales de vivienda”.
El informe también busca alinearse con el plan de la Comisión Europea, centrado en movilizar recursos públicos y privados, reforzar el parque de vivienda social e impulsar la edificación en el conjunto de la Unión.
Alquiler turístico y política fiscal
En relación con el mercado del alquiler, la Eurocámara reclama que la futura normativa europea sobre alquileres de corta duración, que el Ejecutivo comunitario presentará este año, encuentre un equilibrio entre la actividad turística y el derecho a la vivienda.
Además, los eurodiputados piden a los Veintisiete establecer un sistema fiscal eficiente para las políticas de vivienda, con incentivos a la renovación y a la nueva construcción, como la aplicación de tipos superreducidos de IVA, y medidas para eliminar barreras a los compradores primerizos y fomentar el alquiler de larga duración.
Apoyos y críticas desde el Parlamento
El Grupo Socialista respalda el informe y valora que incorpore avances como el refuerzo de los derechos de los inquilinos, el reconocimiento del sinhogarismo como una de las formas más extremas de pobreza y medidas para combatir la especulación y mejorar la transparencia.
No obstante, la eurodiputada Alícia Homs (S&D) advierte que el texto está “lejos” de ser el resultado deseado y lamenta que la negociación esté marcada por “un enfoque excesivamente orientado al mercado”. Aun así, justifica el apoyo socialista porque “la gente espera que Europa actúe”, aunque subraya que su respaldo “no es un cheque en blanco” y que seguirán defendiendo una política de vivienda “centrada en las personas”.
