La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto de Patrimonio llega en esta fecha

El Tribunal Constitucional (TC) se encuentra al borde de emitir un veredicto trascendental sobre la legalidad de las modificaciones al Impuesto de Patrimonio, implementadas a través de la Ley General de Presupuestos del Estado (PGE) de 2021. Fuentes jurídicas señaladas por El Economista revelan que la sentencia, originalmente prevista para el verano, se espera ahora antes de que concluya el presente año. La decisión del TC podría tener implicaciones significativas, ya que está en juego la posible devolución de las liquidaciones correspondientes a los años 2021 y 2022, por montos que ascienden a 1.352 millones y 1.203 millones de euros, respectivamente.

La Ley de Presupuestos de 2021 introdujo diversas modificaciones al tributo. Por un lado, aumentó el tipo máximo, que se aplica a las fortunas superiores a 10,6 millones de euros, en más de un punto, elevándolo del 2,5% al 3,5%. Cabe destacar que la gestión de este impuesto está delegada a las Comunidades Autónomas (CCAA), por lo que esta variación afectaría únicamente a aquellas autonomías que carecieran de una escala propia de tipos.

Adicionalmente, la norma estableció la permanencia del tributo, que desde 2008 había sido considerado temporal aunque renovado anualmente. La Ley también suprimió la bonificación del 100% del impuesto, ante la intermitencia de los últimos años. Es relevante recordar que en 2008, como medida de alivio durante la crisis, se otorgó una bonificación total del tributo para todas las CCAA; sin embargo, en 2011, mediante Real Decreto, se reactivó el pago del impuesto durante dos años y, finalmente, en 2013, se reinstauró la bonificación para aquellas regiones que no la tuvieran, dado que en Madrid ya se aplicaba desde 2009.

La reclamación popular y muchos millones en juego para las CCAA

El Grupo Parlamentario Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra estos cambios en la Ley de Presupuestos de 2021, admitido en abril de ese mismo año. El recurso cuestiona la legalidad de las modificaciones y su procedimiento, argumentando que una Ley de Presupuestos no puede crear tributos y solo puede modificarlos si así lo establece una ley tributaria sustantiva. El PP sostiene que hacer permanente el impuesto no entra dentro de los aspectos cuantitativos previstos y, en la práctica, equivaldría a crear un nuevo tributo. Además, respecto al aumento del tipo impositivo, argumenta que podría contravenir el principio constitucional de capacidad económica y no confiscatoriedad.

Los expertos consultados indican que si el Tribunal Constitucional respalda el recurso y declara inconstitucional la modificación del impuesto, esto podría abrir la posibilidad de devoluciones por parte de las CCAA de lo recaudado en 2021 y 2022. No obstante, advierten que, en caso de prosperar, la Corte podría restringir las devoluciones solo a aquellos contribuyentes que hubieran ajustado sus autoliquidaciones antes de la sentencia, una situación similar a la anulación del impuesto municipal de la plusvalía. También señalan que un retraso en la decisión del TC más allá de finales de año dejaría en suspense la liquidación correspondiente a 2023.

Juanma Moreno, a seguir el camino de Ayuso en el Impuesto de Patromonio

La Junta de Andalucía contempla la reinstauración del Impuesto sobre Patrimonio, anteriormente bonificado al 100%, siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, expresó que están evaluando "todas las opciones" mientras esperan la resolución del recurso presentado por Andalucía, aunque el Constitucional ya anticipó una decisión similar a la de Madrid.

España destacó que la decisión inicial de la Junta se basó en la percepción de que el impuesto sobre grandes fortunas era "injusto" y único en la Unión Europea, y que desde un punto de vista económico "ahuyentaba la inversión y el ahorro". La consejera señaló que aún no han tomado una decisión definitiva y están considerando si mantienen el impuesto en su estado actual. En 2022 y 2023, el Estado recaudó 623 millones de euros por el impuesto a grandes fortunas, con 29,7 millones provenientes de Andalucía en la primera liquidación.