El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, ha enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo.
“Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo pedimos a la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes”, ha publicado el propio Cuerpo en su perfil de 'X' este sábado.
El objetivo de este impuesto es mitigar el impacto económico del encarecimiento de los precios del petróleo. Además, los responsables de Economía de estos países insisten en que el coste de la crisis energética no debe recaer exclusivamente en “los consumidores”, permitiendo esta medida, además, “frenar la inflación sin sobrecargar los presupuestos públicos”.
“En la reunión del Eurogrupo del 27 de marzo de 2026, defendimos y apoyamos medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Un instrumento similar ya se introdujo en 2022 mediante una contribución solidaria temporal establecida por el Reglamento (UE) 2022/1854, de 6 de octubre de 2022, relativo a una intervención de emergencia para abordar los altos precios de la energía”, se expone en la carta firmada por los mandatarios de Economía.
La Comisión Europea promete revisar la cuestión “con rapidez”
En la carta, los citados mandatarios exponen que, dadas las actuales distorsiones del mercado y las limitaciones fiscales, la Comisión Europea “debería desarrollar rápidamente un instrumento de contribución a escala de la UE similar, basado en una sólida base jurídica (y sin perjuicio de todos los demás esfuerzos y medidas de los Estados miembros individuales) para hacer frente a los altos precios de la energía”.
En el texto, también defienden que una solución europea conjunta de este tipo funcionaría como “una señal” para los ciudadanos de los Estados miembros y para la economía en general, “demostrando que permanecemos unidos y somos capaces de actuar”. Al mismo tiempo, manifiestan que se trata de “un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben hacer su parte para aliviar la carga sobre el público en general”.
En último lugar, expresan que la Comisión Europea ha prometido revisar esta propuesta “con rapidez”.
