Tal y como se preveía, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo que establece los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, que son las cuentas públicas actualmente vigentes, dado que en 2024 y 2025 no se han aprobado nuevas leyes de Presupuestos.
La medida responde a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Española, que establece que si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del 1 de enero, “se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.
De esta forma, los Presupuestos de 2023 se prorrogarán por tercera vez el próximo 1 de enero de 2026, según recogen desde Europa Press, a la espera de que el Gobierno presente a lo largo del año un nuevo proyecto de ley de Presupuestos para ese ejercicio.
El Gobierno necesita apoyos para aprobar los presupuestos de 2026
El Ejecutivo afronta esta prórroga en un contexto parlamentario fragmentado, especialmente tras la ruptura definitiva anunciada por Junts, lo que obliga al Gobierno a buscar apoyos amplios para que el proyecto de Presupuestos de 2026 pueda ser aprobado en las Cortes Generales.
Entre los aspectos ya definidos por el Gobierno figura el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para 2026, que se sitúa en 216.177 millones de euros, cifra récord. Asimismo, se han fijado los objetivos de déficit y deuda para las administraciones públicas, pese al rechazo de la senda de déficit por parte del Congreso de los Diputados.
Dado que la senda de déficit fue rechazada, entrará en vigor la correspondiente al plan fiscal estructural a medio plazo remitido a Bruselas, que limita el margen de gasto de las comunidades autónomas y otorga mayor flexibilidad a la administración central.
Según esa senda, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se reducirá progresivamente desde el 2,1% del PIB en 2026 al 1,8% en 2027, y al 1,6% en 2028, mientras que la deuda pública se situará en el 100,9% del PIB en 2026, el 100% en 2027 y el 99,1% en 2028.
Reorientación del Plan de Recuperación
Los criterios de aplicación de la prórroga aprobados también incorporan las modificaciones recientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuyo despliegue está previsto hasta finales de 2026 y que canaliza fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El 16 de septiembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la denominada ‘adenda DANA’, destinada a responder a los daños causados por los graves incendios forestales registrados entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta adenda incorpora un Componente 32 de ‘Apoyo a la Recuperación y la Resiliencia en respuesta a los desastres naturales’, con el objetivo de reforzar la capacidad del país para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos y otras crisis externas que afectan a la economía española. Con ella, se reorientan actuaciones del PRTR hacia inversiones nuevas o ajustes de partidas ya existentes.
Asimismo, el 9 de diciembre de 2025 el Gobierno aprobó otra adenda de simplificación del Plan de Recuperación, con el objetivo de agilizar los procesos de verificación y ejecución, reducir cargas burocráticas, reforzar prioridades estratégicas y optimizar el uso de los recursos disponibles antes de la finalización del plan europeo.
