El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este martes un paquete de ayudas inmediatas para los afectados por los accidentes de tren ocurridos el 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El Real Decreto Ley aprobado en Consejo de Ministros contempla una dotación de 20 millones de euros, con pagos directos y anticipos de indemnización para las víctimas y sus familias.
Puente ha comparecido públicamente en la rueda de prenda posterior al Consejo de Ministros, para detallar en que consistirán estas ayudas a los afectados. En su intervención, ha subrayado “no vamos a consentir que pase lo mismo que en Angrois, donde hubo víctimas esperando 10 años para recibir una indemnización”, destacando la necesidad de actuar con celeridad.
“Las víctimas no pueden esperar años para recibir apoyo económico que les permita afrontar gastos médicos, tratamientos o la reorganización de su vida”, ha explicado Puente. “La incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional.”
El Real Decreto Ley de Medidas Urgentes incluye una partida de 20 millones de euros, de los cuales 10 se destinan a ayudas directas y los otros 10 a anticipos de indemnizaciones del seguro obligatorio de responsabilidad civil. En caso de fallecimiento, los familiares recibirán de forma inmediata 72.000 euros como ayuda directa y otros 72.000 como anticipo, que se sumarán posteriormente a la indemnización final del seguro. En total, cada familia podrá percibir hasta aproximadamente 216.000 euros, repartidos en tres tramos.
Criterios de compensación según la gravedad de las lesiones
Para las personas heridas, el decreto, según ha explicado el ministro, establece una escala de ayudas según la gravedad de las secuelas. Las ayudas van desde los 2.400 euros para lesiones leves y superan los 84.000 euros en los casos más graves, con idénticas cifras como parte anticipada del seguro.
Estas cantidades estarán exentas de tributación y se abonarán en un solo pago, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los afectados.
“No se trata de poner precio al dolor, eso es imposible, sino de garantizar que ninguna víctima tenga que afrontar una situación de desamparo institucional o angustia económica”, ha subrayado el Puente.
Además, ha recordado que detrás de cada cifra "hay una historia, una familia, una vida que no será la misma", insistiendo en que “la responsabilidad de las instituciones no termina en el lugar del accidente, comienza de hecho después.”
Además del paquete de medidas urgentes, el ministro ha adelantado que el Gobierno impulsará una reforma legislativa para crear un mecanismo estable de intervención en siniestros de transporte colectivo, que permita adelantar indemnizaciones con fondos públicos en caso de futuras tragedias.
“La rapidez en la respuesta institucional es una forma de cuidar y de decir con hechos que las víctimas no están solas”, ha concluido Puente. “Sabemos que ninguna ayuda económica reparará lo irreparable, pero no actuar o hacerlo tarde añade injusticia al dolor.”
