La Seguridad Social afronta 2026 con un problema cada vez más visible en sus cuentas. Por un lado, los ingresos por cotizaciones siguen acelerándose y han vuelto a marcar niveles récord en el arranque del ejercicio. Por otro, el sistema mantiene una dependencia estructural del Estado para pagar pensiones y otras prestaciones, hasta el punto de que el presupuesto prorrogado contempla 38.722,9 millones de euros en transferencias del Estado y 38.796,3 millones en transferencias totales.
Esa necesidad de dinero público se debe a la propia estructura presupuestaria de 2025, que reserva 19.888 millones de euros vinculados a la recomendación primera del Pacto de Toledo, además de 7.261 millones para complementos a mínimos, 3.003 millones para pensiones no contributivas y 3.097 millones para el Ingreso Mínimo Vital. En otras palabras, una parte creciente del gasto social ya no se cubre con cotizaciones, sino con impuestos generales.
La presión se entiende mejor al observar la ejecución. En febrero, la Seguridad Social acumulaba 28.872 millones en cotizaciones, un 7,4% más que un año antes, mientras el Mecanismo de Equidad Intergeneracional aportaba 680 millones al Fondo de Reserva. A cierre de marzo, el sistema ya sumaba 43.318,8 millones de euros en derechos reconocidos por cotizaciones sociales, un 7,6% más que en el mismo periodo de 2024.
Las cotizaciones crecen, pero no cierran el agujero
El aumento de ingresos no ha eliminado el desequilibrio, pues el presupuesto del sistema para 2025 asciende a 209.305 millones de euros, y solo en marzo las obligaciones reconocidas ya alcanzaban 51.109 millones. En ese mismo cierre mensual, las transferencias corrientes reconocidas rozaban 4.971 millones, una señal de que el apoyo del Estado sigue activándose de forma temprana pese al buen tono del empleo y de las bases de cotización.
La explicación de esto no está en mirar solo la revalorización de las pensiones. También conviene mirar el envejecimiento de nuestra población (aunque es una dinámica que tambien lleva Europa), el efecto sustitución entre nuevas altas y bajas, y la ampliación de prestaciones que gestiona la Seguridad Social. La AIReF ya advirtió en su informe sobre la regla de gasto que “las transferencias implícitas del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central deberán aumentar” para absorber el crecimiento esperado del gasto en pensiones.
El problema ya no es coyuntural
Este escenario encaja con lo que dicen algunos expertos analistas como Fedea, los cuales sostienen que, si se excluyen las transferencias del Estado, “el déficit básico del sistema ha continuado aumentando” y ya supera los 69.000 millones de euros en sus series ampliadas. Esa lectura refuerza la idea de que el desequilibrio no se ha corregido, sino que se está cubriendo con un trasvase permanente de recursos desde la Administración Central.
Eso no significa que el sistema esté al borde de un impago. Significa algo distinto si se observa desde una perspectiva presupuestaria: que el gasto en pensiones sigue creciendo sobre una base de ingresos contributivos que mejora, pero no al mismo ritmo que las obligaciones. Por ello, aunque las cotizaciones baten récords, la sostenibilidad inmediata del sistema sigue descansando en transferencias cada vez más elevadas del Estado, una dinámica que vuelve a tensionar las cuentas públicas y que previsiblemente seguirá en el centro del debate fiscal durante los próximos años.
