No ha habido sorpresas y el Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves, con la mayoría absoluta de PP, Vox, Junts, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
Ahondando en las votaciones, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria y BNG han votado a favor de la propuesta, mientras que Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, se han abstenido. En conjunto, son cinco las veces que el Gobierno ha intentado en la presente legislatura aprobar esta senda de déficit, todas sin éxito.
De ese modo, el Gobierno, y concretamente el Ministerio de Hacienda, en manos de María Jesús Montero, se ve obligado a llevar la misma senda en una segunda ronda. En caso de que, nuevamente, esta fuera tumbada en el Congreso, el Ejecutivo estaría obligado a presentar los Presupuestos Generales de 2026 usando la senda de estabilidad de 2023, que fue la última que consiguieron sacar adelante y se remitió a la Comisión Europea.
Sobre esto, Montero, en la misma jornada de este jueves, ha defendido que la senda de déficit “sólo” implica que la administración central asuma la reducción del gasto, en beneficio de las comunidades autónomas. “En concreto, 5.485 millones de euros que ponemos a disposición de las comunidades autónomas en detrimento de este gasto por parte de la Administración General del Estado. Lo que se vota en esta senda es solo eso, no es más”. En esta línea, ha reiterado que lo único que significa es que “sean las comunidades las que no hagan reducción del déficit”.
El objetivo es presentar los Presupuestos en el primer trimestre de 2026
En este escenario, María Jesús Montero confía en poder presentar el proyecto con los Presupuestos Generales de 2026 en el Congreso de los Diputados a principios o mediados del primer trimestre del año que viene, de manera que las cuentas públicas pudieran estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo.
La senda del déficit, en la práctica, sirve como una ‘hoja de ruta’ en materia de deuda y déficit a la Administración General del Estado, las autonomías, las entidades locales y la Seguridad Social. La que ha intentado aprobar el Gobierno sin éxito, al menos en esta primera ronda, pasaba por reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.
Por subsectores, se había fijado un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2028, al tiempo que se había marcado la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos.
De ese modo, la consolidación fiscal recaía sobre la Administración General del Estado y la Seguridad Social. En el caso de la AGE, el objetivo era del 1,8% para 2026, frente al 2,2% del año 2025. En 2027 el objetivo era del 1,5% y en 2028, del 1,4%. En el caso de la Seguridad Social, Hacienda preveía que el déficit se situara en el 0,2% en 2026 y 2027 y del al 0,1% en 2028.
