El Ministerio de Consumo vigila muy de cerca a las empresas que operan en España, y son muchas las sanciones millonarias aplicadas a las mismas, desde empresas de gestión de alquiler, hasta compañías aéreas. La aerolínea irlandesa Ryanair lidera así el ranking de las quince multas más elevadas aplicadas por las autoridades de protección al consumidor, un listado elaborado a partir de expedientes sancionadores derivados de denuncias interpuestas por FACUA-Consumidores en Acción.
Hasta hace pocos años, las competencias en materia de sanciones por vulneraciones de los derechos de los consumidores recaían casi en exclusiva sobre las comunidades autónomas. Sin embargo, desde 2022, el Ministerio de Consumo asumió la capacidad de imponer multas por fraudes de alcance estatal, una modificación largamente demandada por organizaciones como FACUA.
Desde entonces, se han intensificado las sanciones contra empresas que aplican prácticas sistemáticas de abuso, como el cobro ilegal de recargos por servicios que no corresponden. En este contexto, el Ministerio, actualmente bajo la dirección de Pablo Bustinduy, impuso en 2024 cinco sanciones millonarias a compañías aéreas por cobrar suplementos por equipaje de mano, entre otras infracciones.
Un ranking histórico dominado por aerolíneas y bancos
La multa a Ryanair por un total de 107,78 millones de euros es la mayor impuesta hasta la fecha en España por una infracción en materia de consumo.
- Ryanair (107,78 millones €)
Multada en 2024 por aplicar cargos ilegales por el equipaje de mano y otras prácticas comerciales abusivas. - Vueling (39,26 millones €)
También sancionada en 2024 por el mismo tipo de recargo indebido en vuelos operados en territorio español. - EasyJet (29,09 millones €)
Tercera aerolínea penalizada ese mismo año por cobrar de forma irregular por el transporte en cabina. - Unicaja (3,15 millones €)
Sancionada en 2017 por cláusulas suelo en contratos hipotecarios. Solo se consideraron los casos denunciados formalmente. - Movistar (2,9 millones €)
Multada en 2007 por el redondeo al alza en llamadas telefónicas, una práctica generalizada en el sector. - CaixaBank (2,4 millones €)
Castigada por aplicar cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios. El importe incluye parte de lo cobrado a usuarios afectados. - Vodafone (1,86 millones €)
Sancionada por varios abusos graves: publicidad engañosa, cobros indebidos y deficiencias en la atención al cliente. - Endesa (1,79 millones €)
Multada por aplicar tarifas ilegales de alquiler de contadores a cientos de miles de usuarios en Andalucía. - Norwegian (1,61 millones €)
Otra aerolínea penalizada en 2024 por el cobro indebido del equipaje de mano. - Banco Mare Nostrum (1,58 millones €)
Castigado por cláusulas suelo. El importe de la multa fue muy inferior al beneficio ilícito estimado. - Movistar (1,53 millones €)
Sanción reducida por orden judicial tras subir tarifas de su paquete Fusión pese a haber prometido que serían “para siempre”. - Movistar (1,53 millones €)
Segunda multa de la Junta de Andalucía en 2018 por imponer la facturación electrónica sin consentimiento previo. - Vodafone (1,4 millones €)
Penalización de la Comunidad de Madrid en 2006 por el redondeo de tarifas, compartida con Orange y Movistar. - Volotea (1,19 millones €)
La menor de las multas a aerolíneas en 2024 por prácticas similares a las de Ryanair. - Caja Rural de Granada (1,17 millones €)
Multada por cláusulas abusivas en hipotecas. Solo se computaron los casos denunciados, lo que limitó el alcance de la sanción.
Comparativa con otros países y crítica a la eficacia del sistema sancionador
En comparación con otros países de la Unión Europea, España ha aplicado hasta ahora sanciones de escasa cuantía, incluso en casos de fraudes masivos. Según FACUA, ninguna multa impuesta por las autoridades de consumo ha superado los 1.000 millones de euros, ni siquiera en escándalos tan extendidos como el de las cláusulas abusivas en hipotecas.
La organización critica que muchas de las multas no se corresponden con el número real de afectados, ya que los expedientes solo suelen tener en cuenta las denuncias individuales formalizadas ante las autoridades. Además, el proceso judicial en los tribunales civiles sigue siendo, en muchos casos, la única vía para que los consumidores logren una compensación económica directa.
Desde FACUA se insiste en la necesidad de una reforma legislativa que establezca mecanismos automáticos de indemnización para los consumidores perjudicados, sin necesidad de acudir a los tribunales. Aunque algunas sentencias han reconocido estas prácticas como ilegales, el resarcimiento a las víctimas suele quedar fuera del ámbito administrativo.
