El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 inicia el proceso por el que aprobará una nueva normativa que obligará a los supermercados y otras grandes superficies comerciales a etiquetar sus productos en braille informando sobre los riesgos que puedan suponer para la salud de las personas con discapacidad visual.
La medida, que se encuentra en fase de información pública hasta el próximo 12 de abril, garantizará el acceso a la información sobre alérgenos y sustancias tóxicas de los productos. En esta fase organizaciones, ciudadanía y sectores afectados pueden presentar aportaciones y observaciones al texto, que se planteará a través de un real decreto mediante el cual los establecimientos de más de 400 metros cuadrados deberán ofrecer este etiquetado en braille.
Con esta propuesta el ministerio pretende que la información sea “clara y comprensible” para el colectivo y protegerlas de posibles riesgos para su salud derivados de la falta de información.
Etiquetado en braille en productos alimentarios, de limpieza y cosmética
Con la puesta en marcha de esta medida, los consumidores con discapacidad visual podrán solicitar en estos comercios la incorporación de etiquetas en braille en productos alimentarios que contengan alérgenos, en artículos cosméticos y productos de limpieza que presenten sustancias peligrosas. Además de esta novedad, deberán ofrecer atención personalizada durante el proceso de compra para facilitar el acceso a esta información.
En el etiquetado accesible deberá aparecer información esencial sobre el tipo de producto, la marca, las advertencias sobre peligros o alérgenos y la fecha de caducidad o consumo preferente. Estos datos pueden incluirse directamente en el envase o a través de un etiquetado adicional, si el tamaño del producto no permite su inclusión.
La medida se extiende a la venta online
La regulación también afectará a aquellos supermercados donde se puedan realizar compras online. Estos se entregarán con el etiquetado correspondiente en braille. De forma voluntaria, las empresas podrán añadir información que consideren relevante en este formato accesible.
La Dirección General de Consumo y la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, y entidades representativas como la ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han trabajado de forma conjunta en la elaboración del proyecto.
Pese a la existencia de normas sobre etiquetado y seguridad de los productos, las organizaciones del sector llevan tiempo reclamando medidas concretas que aseguren que la información llegue de manera efectiva a toda la población, especialmente a las personas con discapacidad visual. En este contexto, la iniciativa se inscribe dentro de una tendencia más amplia hacia la accesibilidad universal en el consumo, un ámbito en el que España ha progresado de forma desigual en los últimos años.
